El debate surgió al plantearse antecedentes clave sobre violaciones graves a los derechos humanos donde se ha acreditado la responsabilidad del Estado, como la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco en Guerrero, ocurrida en 1975 a manos de elementos castrenses.
Sobre este asunto, se recordó que existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que continúa sin cumplirse a cabalidad, lo que motivó recientemente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a atraer el expediente para aplicar medidas de apremio orientadas a su acatamiento.
Ante el cuestionamiento de por qué persiste resistencia dentro de la institución militar para reconocer plenamente estos agravios, la titular del Ejecutivo federal sostuvo que, cuando existen evidencias y determinaciones formales, se aplican las sanciones correspondientes e incluso se atienden las orientaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para emitir solicitudes de perdón público. Sheinbaum Pardo subrayó que el eje rector de estas acciones es la investigación ministerial y la demostración fehaciente de los hechos.
En el mismo espacio, la presidenta de la República detalló los pormenores del informe relativo al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa presentado desde la Secretaría de Gobernación. Explicó que la exposición se centraría en las nuevas líneas de indagatoria derivadas de metodologías inéditas aplicadas sobre las carpetas de investigación originales y el análisis forense de los teléfonos celulares utilizados la noche de los hechos.
Asimismo, aclaró que los padres y madres de los estudiantes ya conocían previamente estos hallazgos, derivados de las reuniones sostenidas directamente con ellos, enfatizando que se mantiene una comunicación constante a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República (FGR).
Nuevas líneas de investigación en el caso Ayotzinapa: tecnología celular, rastreo en funerarias y 17 nuevos objetivos
Mas tarde, en la Secretaría de Gobernación, el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y el fiscal especial del caso, Mauricio Pazarán, dieron a conocer los ejes rectores de la nueva etapa de indagatorias sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ante representantes de los medios, los funcionarios federales detallaron que este esfuerzo metodológico se fundamenta en un reanálisis exhaustivo de más de una década de registros, carpetas y peritajes.
Uno de los puntos centrales presentados fue el aprovechamiento de la tecnología de telecomunicaciones y el rastreo de los teléfonos celulares que pertenecieron a los estudiantes y que aquella noche de septiembre de 2014 pasaron a manos de terceros. A través del procesamiento de estos metadatos, las autoridades lograron trazar nuevos patrones de movilidad y rutas de comunicación que permitieron identificar a 17 nuevos objetivos bajo investigación ministerial.
Asimismo, la Fiscalía y la Subsecretaría expusieron los hallazgos derivados de inspecciones recientes en la región de Iguala, Guerrero, donde destaca la línea de indagatoria sobre la funeraria "El Ángel" y el Servicio Médico Forense (Semefo) local. En estos sitios se ejecutaron cateos que incluyeron el descubrimiento de un horno crematorio sin registro oficial, restos óseos, documentación relevante y un arma de fuego, elementos que están siendo sometidos a dictámenes periciales especializados para esclarecer el destino de los jóvenes.
Durante el balance general del caso, el equipo de gobierno informó que hasta el momento suman 168 personas procesadas penalmente —de las cuales 130 se encuentran bajo prisión preventiva oficiosa y 38 sujetas a medidas cautelares domiciliarias, incluyendo al exprocurador Jesús Murillo Karam—. Además, reportaron que se han intervenido cerca de 2 mil sitios de búsqueda en al menos nueve municipios de la entidad guerrerense en coordinación con familias y colectivos.
Finalmente, en relación con las demandas sobre el retorno del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se reiteró que dicha instancia fue formalmente disuelta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que el Estado mexicano analiza la posible incorporación de nuevos peritos a través de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el objetivo de continuar el esclarecimiento de los hechos.