La acusación, observó la senadora, no incluyó las desapariciones de personas; el asesinato de periodistas o el ascenso de los grupos criminales en la entidad. Y menos incluyó la existencia de una extensa y compleja red delincuencial de complicidades de la que se valieron Javier Duarte y su esposa Karime Macías para perpetrar sus atracos, similar a la que utilizó el otro ex gober en desgracia, Tomás Yarrington, según hizo notar el diputado Jorge Álvarez Máynez, del partido Movimiento Ciudadano.
Si a lo anterior se suma la conducta que el propio Presidente Peña Nieto ha mostrado en relación a casos de corrupción en los que se le ha involucrado y en alguno de los cuales, él mismo y su esposa han sido protagonistas: claramente el caso Casa Blanca -un asunto sobre el que prevalecen todas las dudas y respecto del cual se apostó al olvido y la desmemoria-, es claro que la detención de Duarte no habrá sido ningún primer paso en firme en el combate a la corrupción.
Simplemente no hay precedente alguno que sustente las recientes palabras del Presidente, a propósito de esta aprehensión y la del ex gobernador tamaulipeco Tomás Yarrington: “…estas detenciones son un mensaje firme y contundente del Estado mexicano contra la impunidad”.
Y es, en cambio, inevitable pensar en otros casos que permanecen en la penumbra, como el de la mansión del canciller Luis Videgaray, similar a la Casa Blanca; los 25 millones de recursos destinados a programas sociales que precisamente Javier Duarte aportó a la campaña presidencial del entonces candidato, Enrique Peña Nieto; o los contratos sin licitación entregados a empresas constructoras y petroleras, entre las que figura la tristemente célebre Odebrecht.
Pareciera entonces que la otra hipótesis, la de que el ex gobernador veracruzano serviría para desacreditar al líder de Morena, sería la más viable, sobre todo si se considera que, según se acerca la fecha de los comicios en el Estado de México, las encuestas no hacen sino confirmar el ascenso de la candidata de Morena, Delfina Gómez Álvarez y, por tanto, la debacle del PRI, por primera vez en su historia en el Estado de México.
La versión, empero, no es más que una acusación sin pruebas, lanzada por el actual mandatario veracruzano, Miguel Ángel Yunes. Y por lo que se ve, hasta ahora, una afirmación göebeliana que, como tal, no cesan de repetir priístas y panistas, en un síntoma inequívoco de desesperación.
Por lo demás, no ha de ser tan fácil que el ex mandatario veracruzano comience a declarar que entregaba dinero a Morena y a Andrés Manuel: son dichos que tendrían que probarse, en especial cuando se habla de sumas cuyo manejo requiere documentación, por lo menos para saber de dónde y cómo se obtuvieron y cuál habría de ser su destino.
Desde luego que el asunto podría ser mediático: habría de quedar en una guerra de declaraciones y de propaganda, muy propio de las campañas electorales. Sin embargo, nada raro sería que el problema derivara en demandas por difamación y la posibilidad de un juicio. Y allí si habría que ofrecer pruebas y testigos.
Quizás ninguno de los vociferantes quiera arriesgarse al ridículo.
