Optar por la cancelación del nuevo aeropuerto, hay que entenderlo, no es nada más obtener un triunfo sobre Peña Nieto y sus amigos; sería sobre todo dar un primer paso en el sentido de actuar y proceder dentro de la legalidad: aceptar que así como se reclaman derechos, es igualmente imperativo asumir las obligaciones que la ley y los reglamentos imponen.

Estamos ante un cambio de actitud, un cambio cultural, uno en el sentido de dejar atrás “valores” como simulación, compadrazgo y complicidad: si la nueva obra aeroportuaria se va a detener, no solamente debe ser porque la mayoría así lo decida, sino porque se debe revisar la asignación de contratos y comprobar que se otorgaron al margen de los procedimientos legales establecidos.

Esto, por lo que toca a la ciudadanía, porque la ley debe ser pareja y no tiene que estar sujeta a los designios de las mayorías.

O sea: que prevalezca el Estado de Derecho, esto es, exactamente igual a como se ha anunciado se procederá en el caso de los contratos otorgados con motivo de la Reforma Energética en la que, por cierto, hay también miles de millones de dólares implicados.

Y por lo que toca a los inversionistas, la otra ciudadanía, lo que es de esperarse es que no antepongan el peso de sus capitales a la aplicación de la ley: hasta ahora sólo ellos y el gobierno de Peña Nieto saben si procedieron legalmente para obtener contratos o fueron favorecidos al margen de la legalidad en función de la cercanía al mandatario o por comisiones o favores otorgados a éste o a sus funcionarios.

Si fuera éste el caso y la ley se aplicara, como se ha prometido, lo que procede es la cancelación de la obra. Y los inversionistas no deben verlo como un ataque, sino como la consecuencia de haber tomado una decisión equivocada y cuyas consecuencias deben afrontar.

Las organizaciones empresariales, a su vez, no tienen porque armar un frente contra el nuevo gobierno: actuar con apego a la legalidad no es populismo, no es socialismo, ni va contra los intereses de nadie, excepto de aquellos acostumbrados a pasar por encima de cualquier ley, así se trate del mismísimo texto constitucional.

Andrés Manuel López Obrador hará muy bien no sólo en impulsar lo que ha llamado gobernar con el pueblo, pero hará mejor si sustenta en la legalidad aquello para lo que convoque a la voluntad popular.