Establece que, a fin de coadyuvar al desarrollo y bienestar de las personas, grupos, comunidades y sectores sociales y económicos, las autoridades de todos los órdenes de gobierno deberán implementar políticas públicas de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios, buenas prácticas regulatorias, desarrollo y fortalecimiento de capacidades tecnológicas públicas y los demás objetivos que establezca la ley nacional en la materia.

Faculta al Congreso de la Unión para expedir la ley nacional que determine los principios y obligaciones a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno en materia de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios, buenas prácticas regulatorias, desarrollo y fortalecimiento de capacidades tecnológicas públicas.

En el régimen transitorio, menciona que en un plazo que no excederá de noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión expedirá la legislación a que se refiere el artículo 73, fracción XXIX-Y de la Constitución Política.

Dicha ley nacional deberá considerar al menos un modelo nacional de simplificación y digitalización de trámites y servicios, establecer la autoridad nacional en materia de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios, buenas prácticas regulatorias, desarrollo y fortalecimiento de capacidades tecnológicas y públicas, y prever herramientas de simplificación y digitalización de trámites y servicios.  

El dictamen de la Comisión expone que la constitucionalización formulada es seriamente adecuada, y a través de ello se estaría dando el primer gran paso para consolidar un gobierno digital, electrónico o e-gobierno, que permita utilizar la tecnología e Inteligencia Artificial para mejorar la accesibilidad y la eficiencia en todos los servicios que ofrece. Consecuentemente, abrir rutas para ampliar legalmente sobre temas conexos en materia de comunicación digital, datos abiertos, interoperabilidad y ciberseguridad.

A su vez, el diputado Godoy Rangel expresó que en la Junta Directiva se acordó una sola ronda de participaciones, en virtud “de que la minuta viene del Senado por unanimidad y pudiera ser que aquí también vaya por unanimidad cuando menos en lo general”, e informó que se remitirá a la Mesa Directiva para los efectos de su programación legislativa.

Intervención de diputadas y diputados

La diputada Astrit Viridiana Cornejo Gómez (Morena) indicó que las modificaciones a la Carta Magna permitirán una gestión pública accesible y efectiva para la ciudadanía, pues al digitalizar los trámites se reduce la burocracia.

Ello, añadió, disminuye los riesgos de corrupción, mejora la coordinación institucional y optimiza los recursos. “Esta reforma abona a la transparencia, la eficiencia y el acceso equitativo a los servicios públicos”.

Del PAN, la diputada Paulina Rubio Fernández destacó que acompañará este esfuerzo para hacer la vida más sencilla a las y los ciudadanos, y externó su preocupación ante el riesgo de fuga de información por la digitalización de todos los trámites.

Resaltó la importancia de atajar en la legislación secundaria las deficiencias que pueda haber en la reforma constitucional y blindar el tema de la protección de datos personales.

Por su parte, José Luis Fernández Martínez, diputado del PVEM, mencionó que es momento de consolidar un modelo de gobernanza basado en la eficiencia, inclusión digital y mejora continua de los procesos administrativos.

Por ello, pidió respaldar el dictamen, ya que permitirá mejorar la calidad de vida de las personas, fortalecer las instituciones y garantizar que el desarrollo tecnológico se traduzca en beneficios tangibles para toda la sociedad.

La diputada Irma Yordana Garay Loredo (PT) expresó que con esta reforma se garantizará que cada mujer y hombre de nuestro país tenga acceso a servidores más cercanos, a escuchar y atender sin tanto papeleo.

Además, dijo, eliminará a los intermediarios que cobran de más y podremos tener un proceso más eficiente, transparente y rápido. “En el grupo parlamentario vamos a favor de esta reforma para tener un sistema moderno, transparente y eficaz, obteniendo trámites más rápidos”.

Del PRI, el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez anunció el voto a favor de su grupo parlamentario porque el dictamen permitirá eliminar trámites burocráticos.

Consideró importante que en las leyes secundarias se analicen otros aspectos como mayor facilidad en los trámites para las pequeñas y medianas empresas, garantizar la inclusión y equidad del acceso de las tecnologías de información, transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos públicos y cuidar la protección de datos personales.

Para la diputada Irais Virginia Reyes De la Torre (MC) los cambios constitucionales abrirán las puertas para que México tenga una nueva ley de gobierno digital que facilite la vida de las personas en su interacción con el gobierno e inhibirá actos de corrupción.

“El reto para las y los legisladores estará en las leyes secundarias, a fin de determinar los derechos digitales de las y los ciudadanos y la identidad digital. Se crea el marco de una ley nacional que obligue a que toda autoridad y ente del país esté obligado a digitalizar, simplificar sus trámites y servicios”, añadió.