Al moderar la mesa sobre “Desigualdad salarial entre hombres y mujeres”, la legisladora de Morena acusó que también existe discriminación salarial y segregación ocupacional vertical en puestos políticos y empresariales, donde es “inversamente proporcional la presencia de mujeres, conforme aumenta el nivel jerárquico laboral en el mundo”.

Refirió que la tasa de participación económica de las mujeres aumentó cinco puntos porcentuales de 2005 a 2023, al pasar de 41 a 46 por ciento. “De seguir con este ritmo, se estima que nuestro país necesitaría 119 años para que las mujeres alcancemos una participación similar a la de los hombres en el mercado laboral”, precisó.

En ese sentido, abundó, es necesario legislar como se hace en el Senado de la República, pero las mujeres que legislan deben reconocer que ese privilegio debe ponerse al servicio para transformar la vida de las demás, con acciones concretas como este foro. 

La legisladora, Amalia García Medina, presidenta de la Comisión Especial para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030, destacó la transformación del andamiaje y el lenguaje jurídico, así como el avance que significa contar hoy con una ley completa contra toda forma de violencia contra las mujeres. 

Como moderadora de la mesa: “Ley Olimpia, Ley Ingrid y Ley Malena, ¿en qué consisten?”, Amalia García reconoció que esas leyes son resultado de la determinación de las víctimas para no permitir que se quede en la impunidad la violencia sufrida.

El senador Juan Carlos Loera de la Rosa subrayó que es crucial que los hombres se involucren de forma activa en la promoción de la igualdad de género, para enriquecer las relaciones y permitir construir una nación más democrática y pacífica.

En su participación, como moderador de la mesa: Igualdad y Nuevas Masculinidades, apuntó que lograr esos atributos es posible “si conformamos nuevos modelos de masculinidad, alejados del control, la fuerza, el poder y la violencia”. Es necesario “ser aliados en la lucha por la equidad y a redefinir lo que significa ser hombre en la sociedad actual”, indicó.

Por su parte, la presidenta de Abogadas Líderes de México (BAMALI), Cecilia Rasgado De Paz llamó a catalogar la violencia de género como emergencia nacional, ya que no distingue estrato social ni tampoco nivel educativo.

Manifestó que para erradicarla se requiere la prevención en todos los niveles, la perspectiva de género que permee desde la casa a todos los ámbitos, una justicia que no revictimice, la protección efectiva para las víctimas y el compromiso desde todos los sectores.

Trabajos para elaborar Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos entran en su etapa final

Los trabajos para la elaboración del proyecto de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos se encuentran en su etapa final, para contar con un ordenamiento que proteja y consolide la libre determinación y autonomía de las comunidades.

Este 6 y 7 de marzo se llevará a cabo la séptima y última sesión del comité técnico que ha contribuido en la creación de esta norma que, una vez terminada y presentada, se pondrá a consulta de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos de todo el país.

Al inaugurar la jornada de este día, la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Edith López Hernández, sostuvo que en la elaboración de esta ley reglamentaria del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ha cuidado que “nadie quede afuera” para contribuir en el desarrollo de las comunidades originarias.

“Esta lucha no es de una sola persona, no es de una institución, sino de los pueblos, para cumplir con los objetivos de visibilizar y de garantizar nuestros derechos”, sostuvo la senadora.

Recordó que una vez que se cuente con el proyecto de ley, se pondrá a consulta, lo que incluye a mujeres, quienes por primera vez podrán opinar y proponer sobre sus derechos, algo que, enfatizó, “es histórico y nunca se había hecho”.

El proyecto de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos contará con cuatro capítulos que versarán sobre Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, y sobre Derechos de los Pueblos y Comunidades Afromexicanas.

También, sobre Derechos de las Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y Personas Migrantes y Residentes Indígenas y Afromexicanas, y sobre Responsabilidades, Procedimientos y Sanciones.

María de los Ángeles Arcos García, representante de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, afirmó que esta ley constituirá una herramienta para incentivar cambios profundos en la mentalidad y las actitudes respecto a los derechos de los pueblos originarios, su participación en la toma de decisiones y el respeto a su patrimonio cultural.

Con ello, agregó, se creará “una nueva relación entre pueblos, sociedad y gobierno”. Arcos García sostuvo que el ordenamiento, además, contribuirá a cumplir los compromisos que ha planteado el Estado mexicano en el Plan Nacional de Desarrollo para este sexenio.

El titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, comentó que en la última sesión, el Comité Técnico y Asesor integrará todas sus propuestas para contar con un documento que ayude a construir esta norma solicitada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

El documento de la ley, una vez formulado, se pondrá a disposición de la titular del Ejecutivo Federal para que, bajo su autorización, comience el proceso de consulta con las comunidades indígenas y afromexicanas de la república, detalló el funcionario.

(Boletín, Senado)