La propuesta plantea que, con base en las disposiciones en materia de responsabilidad hacendaria, las legislaturas locales garantizarán la suficiencia presupuestal, a fin de permitirles el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias.
También dispone que las autoridades electorales jurisdiccionales conozcan y resuelvan de los conflictos o diferencias laborales que surjan con sus servidores públicos, así como de los que se presenten entre los órganos públicos electorales locales y sus trabajadores.
En el artículo segundo transitorio del proyecto se establece que las legislaturas de las entidades federativas realizarán las adecuaciones al orden jurídico local dentro del periodo de un año, contando a partir de la entrada en vigor del decreto.
En las consideraciones del dictamen, los senadores destacaron que en nuestro país algunos de los órganos jurisdiccionales locales cuentan con recursos económicos escasos, lo que les obstaculiza realizar sus funciones mínimas.
“No debiera existir negociación por parte de los magistrados electorales con los diversos actores políticos estatales para determinar el presupuesto de los órganos jurisdiccionales electorales, que puede provocar desconfianza en las resoluciones”, expresaron.
Por la Comisión de Justicia, el senador Fernando Yunes Márquez recordó que está es una demanda de los magistrados electorales de México y se pronunció por que se apruebe los más pronto posible en el Congreso de la Unión para “darle el proceso constitucional debido y la celeridad que se merece”.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Miguel Barbosa Huerta, señaló que después de la reciente reforma política “encontramos que los Organismos Públicos Locales volvieron estar sometidos” a los gobiernos estatales, por medio de su control financiero.
La senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del PRI, propuso que las legislaturas de las entidades realicen las adecuaciones respetivas en un periodo de seis meses, con lo que “podrían estar listos” para las jornadas electorales del 2017.

Respaldan minuta sobre mecanismos alternativos de solución de controversias
Las comisiones unidas del Puntos Constitucionales, Justicia y Estudios Legislativos, Segunda, que presiden los senadores Enrique Burgos García, Fernando Yunes Márquez y Miguel Barbosa Huerta, avalaron la minuta que reforma los artículos 25 y 73 de la Carta Magna, en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registro civil.
En este proyecto se establece que las autoridades de todos los órdenes de gobierno deberán de implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámite y servicios.
Además, el Congreso de la Unión tendrá la facultad de expedir la legislación general general que establezca los principios y bases en materia de mejora regulatoria; de mecanismos alternativos de solución de controversias distinta de la materia penal; de justicia cívica e itinerante; así como las leyes generales que armonicen y homologuen la organización y funcionamiento de los registros civiles.

Aprueban senadores reforma constitucional para facilitar justicia cotidiana
En la misma reunión de trabajo, los senadores aprobaron un proyecto para modificar los artículos 16, 17, y 73 de la Constitución Política para fortalecer el acceso de las personas a la justicia en situaciones cotidianas.
Con estas reformas, el Congreso de la Unión estará facultado para expedir una legislación única en materia civil y familiar.
Plantea que en los juicios y procedimientos orales bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido.
Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, agrega, el debido proceso y otros derechos en los juicios o procedimientos orales, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales.
Los senadores explicaron que este proyecto busca la unificación nacional de las normas procedimentales en materia civil y familiar, para facilitar su desarrollo y el establecimiento de políticas públicas para mejorar la impartición de justicia.
Aclararon que “no comprende ni abarca la competencia propia y exclusiva de las Legislaturas de las entidades federativas para establecer las normas sustantivas civiles y familiares”.
Las disposiciones legales en materia de las personas y sus familias, de su patrimonio y la disposición del mismo en caso de fallecimiento, de obligaciones reales y personales y de celebración de contratos, permanecen en la competencia que corresponde a las entidades federativas, agregaron los legisladores.
La senadora Lisbeth Hernández Lecona, del PRI, dijo que la justicia cívica debe ser detonada para solucionar conflictos menores, que en muchas ocasiones son largos y costosos por una inadecuada atención
Para el senador Juan Carlos Romero Hicks, de Acción Nacional, con este dictamen “le estamos quitando a los estados su soberanía para poder legislar en lo que es la vida cotidiana, los actos civiles y esto no es materia del Congreso de la Unión”.
El senador Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del PRD, se pronunció a favor de la reforma, pero advirtió que su implementación será compleja y que “estamos yendo a un proceso de invasión de atribuciones de los estados”.