El dictamen aprobado con proyecto de decreto, el pasado 13 de Diciembre, adiciona un párrafo segundo al artículo 106 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, hace notar el dinamismo del campo, no obstante los rezagos sociales y económicos que arrastra,
Según los resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2014: México cuenta con 27.5 millones de hectáreas de superficie agrícola total, de los cuales 5.6 millones de hectáreas son superficie de riego y 22 millones más son de temporal; especifica que hay 22.4 millones de hectáreas de superficie sembrada; otros 115 millones de hectáreas de agostadero y 45.5 millones de hectáreas de bosques y selvas.
Asimismo, hay seis productos que representan el 58 por ciento de la superficie sembrada y que son: maíz blanco, sorgo, frijol, café, caña de azúcar y trigo.
Con respecto a la tecnología en el sector, los tractores en las unidades de producción cubren el 55 por ciento del total, además de que 21 por ciento de las unidades de producción ya emplean tecnologías informáticas y de comunicación, de ellas 99 por ciento usa teléfonos celulares, 100 por ciento computadoras y nueve por ciento internet.
La cadena de producción agropecuaria, apunta el dictamen, va desde la generación de las mejores semillas, cosecha, transformación y comercialización, hasta llegar al consumidor.
De esta cadena, algunos de sus eslabones son más firmes que otros, pues el proceso de siembra de los campesinos implica un arduo trabajo físico, que no es remunerado justamente y en el que las estadísticas señalan que una inmensa cantidad de jornaleros se encuentran en condiciones de pobreza alimentaria y patrimonial.
De acuerdo al dictamen, la importación de productos agrícolas desde países como Estados Unidos provoca que los pequeños productores mexicanos compitan en condiciones desiguales, ya que los productores estadounidenses reciben apoyos de la Farm Bill, que otorga miles de millones de dólares anuales a la producción de diversos productos agropecuarios.
Por lo anterior, los campesinos nacionales no son capaces de competir en precio por lo que malbaratan su producción.
Bajo estos escenarios surge y opera actualmente el marco jurídico del sector agropecuario, constituido particularmente por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y es en esta ley donde se crea el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, constituido por representantes de Secretarías de Estado ligadas al sector agropecuario a nivel federal y estatal, Secretaría de Hacienda y representantes de la agroindustria, entre otros.
El dictamen fue remitido a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación.