Ante esa perspectiva las presidentas de las comisiones para la Igualdad de Género, Diva Hadamira Gastélum Bajo; y de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, respaldaron el planteamiento de representantes de organizaciones civiles y de expertas para emprender modificaciones a dicha normatividad.
La senadora Gastélum Bajo, del PRI, señaló que a 10 años de promulgarse dicha ley, “pareciera que no quiere parar la violencia en contra de las mujeres, pese a tener muchas políticas públicas y leyes, los números –de las estadísticas de agresiones de género– reflejan la urgencia de revisar lo que está pasando con la violencia de género”.
Hoy, agregó, se lucha contra la violencia política, que es el blindaje necesario para alcanzar un mejor tránsito a la democracia paritaria, “que hemos alcanzado en el Senado de la República y hoy podemos tener derechos políticos, quizás no totalmente blindados, pero sí con mejores condiciones de participación entre hombres y mujeres.
La ley ha dado resultados y serán mayores los logros, pues a partir de su balance, las senadoras estarán listas para emprender las mejoras necesarias, “sobre todo para establecer un marco jurídico adecuado que nos de seguridad a las mujeres y vivamos en paz y libertad”, sostuvo
A su vez, De la Peña Gómez, senadora por el PRD, apuntó que existen también situaciones a corregir dentro del Plan Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, pues este sólo contempla tres aspectos.
El primero, contenido en el artículo 38, donde señala que se debe fomentar el conocimiento de los derechos de las mujeres, “esta es la gran política, que traslada a los tres órdenes de gobierno, a los órganos autónomos y vida cotidiana de la mujeres, no se han cumplido”, enfatizó la legisladora.
Dicho plan señala también la responsabilidad de transformar los modelos socio culturales de conducta de mujeres y hombres, incluso en los programas formales y no formales de educación, para combatir las conductas estereotipadas, además de educar y capacitar a personal de procuración de justicia y policiales. “Esto es todo lo que contempla, yo digo que son muchos más los temas y siguen estando pendientes”.
Legisladoras y especialistas advirtieron que es necesario armonizar las leyes estatales, así como capacitar a autoridades de procuración de justicia y policiacas, para hacer certera la atención, prevención y erradicación de las agresiones contra la población femenina, tanto en el aspecto físico, emocional, así como en lo social, cultural y político.
La magistrada Lilia Mónica López Benítez, en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), refirió que se requiere de la unificación de las leyes a nivel nacional y de la participación de todos los actores de gobierno, políticos y sociales, pues las estadísticas de ONU Mujeres revelan que en México, una de cada tres mujeres ha sufrido agresiones físicas y/o sexuales, y una de cada dos, ha sido asesinada.
La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, destacó que se han logrado importantes avances, tanto en el aspecto legislativo como en políticas públicas, sin embargo, en cuanto a homologación de las leyes se registran 138 reformas en códigos estatales, y en materia civil sólo 58, e incluso hay incongruencias en algunas entidades donde se castiga más el robo de ganado, que el abuso sexual.
"Las cifras sobre feminicidios, violencia de pareja, violencia sexual, física y económica, sobre mujeres desaparecidas y trata de personas, dejan claro que, aunque tenemos una de las mejores leyes para atender la violencia de género, estamos ante un gran problema nacional", subrayó.
Llamó a la participación coordinada de los tres órdenes de gobierno, legisladores, y organizaciones civiles, pues sólo así se superarán los retos en diversos aspectos, como fortalecer la transversalidad de la perspectiva de género dentro de las políticas públicas.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Laura Nereyda Plascencia, señaló el rezago en municipios, pues la mayoría de las autoridades en el ámbito local, incluidos alcaldes, desconocen la ley a favor de las mujeres.
“El reto lo tenemos muy grande, día con día siete mujeres son asesinadas, y contamos con autoridades municipales que no destinan recursos para combatir la violencia de género y dar seguimiento a los niños que son afectados”, conforme lo marca la Norma 046.
La especialista Marcela Lagarde explicó que existe un grave fenómeno social, pues la mayoría de las mujeres desconoce sus derechos e incluso que son víctimas de violencia, debido a la falta de información oportuna, por lo que, propuso se emprenda una gran campaña nacional, impulsada por las autoridades de gobierno y el Legislativo.
La titular de la Unidad de Política de Igualdad de Género de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Guadalupe Gómez Maganda, señaló que existen también grandes pendientes para cumplir con los tratados y acuerdos internacionales firmados por México, como el Comité de Expertas de Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw).
Manifestó la voluntad de dicha dependencia para participar proactivamente en las acciones necesarias para fortalecer la ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Al evento asistieron las senadoras Sylvia Leticia Martínez Elizondo, del PAN y María del Rocío Pineda Gochi, del PRI, así como la secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Sindicato de la Cámara de Senadores, Bertha Orozco.