Asimismo pidieron al Jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, que suspenda cualquier acto relacionado con la construcción del denominado “Metrobús Reforma”, hasta que se resuelva la competencia y jurisdicción que tiene el gobierno federal sobre el Paseo de la Reforma.
Solicitaron también al Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y al Nacional de Antropología e Historia (INAH) que realicen un estudio de factibilidad cultural del proyecto, tal como lo prevé la Ley de Planeación.
La propuesta fue presentada por los senadores José María Martínez Martínez, Laura Rojas Hernández, Gabriela Cuevas Barrón, Adriana Dávila Fernández, Silvia Garza Galván, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco Salvador López Brito, Sylvia Martínez Elizondo, Fernando Salazar Fernández, Marcela Torres Peimbert y Jorge Luis Preciado Rodríguez.
Los senadores señalan que el Paseo de la Reforma, por donde haría su recorrido la nueva línea, es patrimonio de la Nación y por lo tanto está sujeto al régimen de dominio público de la Federación; así, dijeron, le compete a ésta determinar su modificación, y no al gobierno del Distrito Federal.
Además, la obra violenta la intangibilidad de los bienes culturales que alberga, que representan diferentes momentos de la historia del país y, por tanto, están asegurados por la Ley General de Bienes Nacionales, refieren los legisladores.
Dicha normativa señala que los bienes sujetos el régimen de dominio público de la Federación, estarán exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales, por lo que el gobierno de la Ciudad no tiene facultades para llevar a cabo una alteración de esta naturaleza.
El proyecto de la Línea 7 del Metrobús contará con 29 estaciones, tres terminales y una flota de 90 autobuses de dos niveles, que circularán de Indios Verdes a Periférico Norte, a través de Paseo de la Reforma, de acuerdo con el proyecto que ya fue dado a conocer.
El gobierno de la Ciudad de México firmó un oficio de compromiso de compra con la armadora británica Alexander Dennis para adquirir 90 autobuses modelo Enviro 400, con un costo de 800 millones de pesos.
El punto de acuerdo, presentado por los senadores del Grupo Parlamentario del PAN, se turnó a la Comisión del Distrito Federal para su análisis y posterior dictaminación.