Por ejemplo, estos críticos vieron que ninguno de los gobiernos precedentes movió un dedo para hacer cumplir lo que decía el 123 constitucional a propósito del salario mínimo. El precepto decía algo así como que la percepción mínima debía ser suficiente para que un padre de familia pudiera satisfacer necesidades básicas: alimentación, casa, educación, salud, cultura y hasta derecho al ocio.

Pero sexenios fueron y vinieron y ninguno de esos gobiernos hizo algo para la evitar la pérdida del poder adquisitivo de los sueldos mínimos; menos lo hicieron para su recuperación, ni siquiera cuando el deterioro de las percepciones mínimas llegó hasta el 80 por ciento e indicadores internacionales nos colocaron como la Nación en que más bajos sueldos se pagaban. Aún los somos, ciertamente.

Entonces –siete sexenios o 42 años, si se considera el inicio de las crisis con José López Portillo-, nada se hizo por los salarios mínimos y ni siquiera fue necesario que los ex presidentes firmaran memorándos o decretos pidiendo a sus colaboradores que incumplieran la Constitución; habían políticas dictadas por organismos financieros internacionales que pasaban por encima del texto constitucional y los primeros en acatarlas, fueron los ex mandatarios. Había que poner el ejemplo.

Pero los críticos nada de eso vieron o no quisieron ver. Eran tiempos, claro, en que mirar para otro lado, hacerse de la vista gorda o callar, era algo bien recompensado. Era el tiempo de aquello de “vivir fuera del presupuesto, es vivir en el error”.

Que este gobierno de la Cuarta Transformación haga algo por la recuperación del poder adquisitivo de los sueldos mínimos es, por cierto, parte de las expectativas de la población.

Pero básicamente, como se ha dicho, los críticos tienen razón y López Obrador no debiera dar elementos a sus adversarios para que lo acusen de ser aquello que el Presidente niega rotundamente a cada rato: ser más de lo mismo.

Que el famoso memorándum es una concesión a la CNTE, está claro. Que, en consecuencia, se trata de un recurso político, también. Y es igualmente cierto que se está pasando por encima de la Constitución, por más que la de Peña Nieto sea una “mal llamada reforma educativa”.

No porque lo hayan dicho priistas, pero es cierto que las formas cuentan y mucho. Un Presidente debe dar ejemplo de respeto a la Constitución y debe recordarse que hay además una promesa de campaña en el sentido de impulsar un verdadero estado de derecho.

El punto muerto en la negociación con la CNTE es la administración de las plazas, algo a todas luces inaceptable para cualquier gobierno, incluso para la misma sociedad. ¿Puede el diálogo y más diálogo con esta terquedad de lo absurdo?, ¿qué es lo que defienden quienes no dan ni darán un paso atrás en este asunto?, ¿privilegios?

¿Debe un gobierno aceptar que la venta de plazas en el sector educativo es un derecho?, ¿lo hará este gobierno?, ¿no es eso perversión política?

Porque a la democracia no se le parece. Veremos.