Rubén Vázquez Pérez

Ciudad de México. Según pasan los días algunas cosas van quedando claras en este asunto del espionaje adjudicado a las fuerzas armadas. Parece que el Presidente Andrés Manuel López Obrador tenía un par de ases bajo la manga: la voz de Raymundo Ramos, dirigente de una organización civil que ha documentado abusos de militares contra la población civil, se escucha en una conversación telefónica que el dirigente sostenía con un narcotraficante y que el Ejército intervino, como parte de sus tareas de inteligencia.

“En el caso que usted refiere –dijo al reportero de la revista Proceso- es de que ese señor, esa persona, ese ciudadano, de Derechos Humanos de Nuevo Laredo estaba hablando a un teléfono de un presunto narcotraficante y por eso, como ese presunto narcotraficante estaba siendo investigado, se obtuvo esa grabación. Esa es la información que a mí me han entregado”.

Lo otro es el revire del Mandatario al cuestionamiento del mismo reportero acerca precisamente de por qué el Ejército, de manera ilegal, espiaba e intervenía conversaciones privadas de ciudadanos.

Cuando el reportero de Proceso, Mathew Tourliere, inquirió al mandatario acerca de los contratos firmados por la Sedena al contratar tecnología para tareas de inteligencia –que, sostuvo, no es la de Pegasus, aunque si una equivalente-, le reviró:

-¿Y de dónde obtuvieron ustedes –dijo el Presidente- los datos de las tareas que lleva a cabo el Ejército si se trata de información clasificada?

–De Guacamaya, contestó el reportero.

-Sí, pero ¿quién hackeó? Fue Guacamaya, ¿no?, esa información que hackearon donde aparece de que yo tengo varios males, que estoy malo del corazón, hipertenso y que tomo un coctel de pastillas y todo eso. ¿Y saben ustedes quiénes son Guacamaya?