Los senadores aceptaron la propuesta para derogar el artículo 151, con el propósito de aplicar las penas previstas en el artículo 150 del mismo ordenamiento a los ascendientes, descendientes, cónyuge o hermanos del prófugo, así como a sus parientes por afinidad hasta el segundo grado, cuando favorezcan la evasión de algún detenido, procesado o condenado.
Con la reforma al artículo 153, se dispone que, si la reaprehensión del prófugo se lograra por gestiones del responsable de la evasión, se aplicarán a éste de 10 a 180 jornadas de trabajo en favor de la comunidad, según la gravedad del delito imputado al preso o detenido.
Además, se hace un cambio al artículo 154 para que a la persona privada de su libertad que se fugue, se le impongan de seis meses a tres años de prisión y que esta pena se incremente en un tercio cuando la persona obre de concierto con otra u otras personas privadas de su libertad y se fugue alguna de ellas o ejerza violencia en las personas.
Para la senadora María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN, se trata de una reforma que busca evitar impunidad y “generar los castigos y sanciones a quienes participen de manera expresa en la evasión de quienes purgan una pena privativa de la libertad”.
Dijo que el recluso que evade el cumplimiento de la pena que le impuso el Estado atenta contra el imperio de la Ley; por lo que, estos cambios consolidarán un marco legal que propicie la defensa enérgica de la seguridad pública.
Por el Grupo Parlamentario del PRI, el senador Jesús Casillas Romero, dijo que el dictamen tiene la finalidad de impedir que los reos sentenciados o en proceso se puedan fugar y establecer sanciones ejemplares, no sólo para el interno que pretenda escaparse, sino para quien participe, ayude, contribuya a este delito.
Con esta reforma, asentó, “seguramente no veremos casos lamentables, como los que ya hemos visto a lo largo de la historia”.
El dictamen se aprobó con 72 votos a favor y se envió al Ejecutivo Federal para sus afectos constitucionales.
