Con el párrafo que se adiciona, apuntó, se faculta al INM para proteger, seguir y atender a los migrantes y refugiados en el país.
Con ello, se atienden señalamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en torno a que en México y Latinoamérica coexisten dos situaciones: Hay normas jurídicas avanzadas de protección a los derechos de trabajadores migratorios; al mismo tiempo se registran violaciones sistemáticas y muy graves de esos derechos”, expuso la senadora.
La Comisión Nacional de Derechos Humamos reconoce, por su parte, que las principales violaciones a los derechos que enfrentan los migrantes en México son: extorsión, robo, secuestro, explotación laboral, maltrato, abuso sexual, trata de personas, entre otros.
Se hace cumplir particularmente, concluyó, la orden de la Constitución en su artículo primero, en el sentido de que: “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.
El dictamen, se turnó a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
