Al debatir en el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sobre el incidente provocado por el robo de combustible en Puebla, la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, dijo que el Estado mexicano no ha sabido poner fin a este tipo de acciones, que no sólo ocasionan un daño al patrimonio nacional, sino que también han puesto en peligro la vida de miles de personas y de comunidades enteras.
Indicó que su grupo parlamentario se compromete a dotar al Estado de herramientas jurídicas necesarias para acabar con el robo de combustible. Lamentablemente, señaló, la delincuencia ha rebasado a la autoridad, según lo revelan los hechos de este caso. Afirmó que, según Petróleos Mexicanos (Pemex), este delito genera pérdidas por más de mil millones de pesos.
El diputado Macedonio Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, consideró que es momento de llamar la atención a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Policía Federal (PF) para que cumplan con su deber “y dejemos de ver estas atrocidades”.
Salta a la vista, dijo, que comunidades enteras del estado del Puebla viven del delito, del robo y nadie dice nada, lo ven como algo normal. Así, dijo, alarma la aprobación que da esta base social y preocupa la tolerancia que le da al delito; no debemos permitir eso, hay que reflexionar y hacer un exhorto al Ejecutivo para que cumpla con su deber.
La coordinadora de los diputados del Grupo Parlamentario de Morena, Rocío Nahle García, dijo que este tema se ha dejado crecer por más de una década y precisó que, en 2009, se registraron 13 mil 259 millones de litros de hidrocarburos perdidos y, en 2012, aumentó a más de 18 mil millones, lo que equivale a más de 62 mil millones de pesos.
En 2016, continuó, el robo de combustible se incrementó de manera alarmante al registrar 30 mil millones de litros. Esto sucede, enfatizó, debido a que existe una corrupción de la clase política, de altos funcionarios de Pemex, personajes del crimen organizado y huachicoleros de todas las regiones para permitir el robo de combustible.
En este sentido, coincidió el senador Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del PT, al asegurar que la ordeña de ductos de Pemex tiene uno de sus orígenes en la corrupción entre esa empresa y servidores públicos de los tres niveles de gobierno; además, agregó, esta situación no sólo se ha convertido en un fenómeno criminal, sino también de carácter social.
Quienes roban hidrocarburos cometen un delito grave, pero la falta de castigo es uno de los principales incentivos para que esta actividad se realice y expanda: segmentos sociales del “Triángulo rojo” en Puebla participan en la ordeña, transporte, distribución, almacenamiento y venta de combustibles robados, de ahí, que el mero envío de fuerzas federales a la zona no resolverá el problema.
La diputada Lía Limón García, del Grupo Parlamentario del PVEM, indicó que Pemex pierde todos los días alrededor de 27 mil barriles diarios como resultado del robo de combustibles, que llevan a cabo las bandas de delincuencia organizada.
Expresó que es fundamental redoblar esfuerzos y trabajar de manera seria un programa enfocado en el combate al robo de combustibles, tomando conciencia del inmenso daño y peligro que provoca en la sociedad.
En tanto, la senadora del Grupo Parlamentario del PRD, Dolores Padierna Luna, refirió que en los dos primeros meses del 2017, se realizaron mil 646 tomas clandestinas; en promedio diario, los grupos delictivos han realizado 28 perforaciones en el mismo lapso de tiempo, “nueve perforaciones más, diarias, que el promedio en 2016”.
No podemos centrarnos únicamente en la acción delictiva de las personas que roban combustible, es necesario ampliar la mirada de este fenómeno hacía las causas estructurales que han facilitado la proliferación de los grupos delictivos que lo cometen, puntualizó.
Para erradicar el problema, dijo a su vez el diputado Javier Antonio Neblina Vega, del Grupo Parlamentario del PAN, se requiere una solución integral, voluntad política y aplicación estricta de la ley, terminar con la corrupción en Pemex y la complicidad de servidores públicos.
Exhortó a aprobar un dictamen en la materia, enviado al Senado durante la última semana del periodo ordinario. Asimismo, consideró necesario un plan de prevención integral de largo plazo para terminar con el robo de gasolina, así como programas de empleo específico para las comunidades donde se presenta esta actividad ilícita.
Por su parte, el diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del PRI, llamó la atención sobre las pérdidas por el robo de combustible que, precisó, ascienden aproximadamente a entre 15 a 20 millones de dólares al año y, en consecuencia, disminuye la recaudación de IEPS por la compra de gasolina.
Este delito afecta al patrimonio y lacera las instituciones del Estado mexicano y pone en riesgo a familias y no se puede tolerar ni permitir; por lo que celebró y respaldó la decisión del Ejecutivo Federal para combatir frontal e integralmente a la delincuencia organizada que ha gozado de total impunidad en Puebla.
El diputado del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, subrayó que para detener este ilícito se requiere inteligencia policiaca, pues más de 80 por ciento del robo de combustibles se debe a que personal de Pemex y, en especial de dirigentes del sindicato petrolero, participan en este tipo de acciones, a través de información que se manda a bandas delictivas sobre cuándo cierran los ductos, qué tanto se bombea y se conduce.
Se debe saber qué medidas y decisiones toma el Estado mexicano, consideró, principalmente Pemex, y es necesario que informe sobre las inversiones que piensa realizar para modernizar sus esquemas de monitoreo, conducción, flujo de combustibles. También que la PGR, el Centro de Investigación y Seguridad nacional (CISEN) informen que se hace al respecto; y que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) valore en qué medida se debe continuar con el calendario de apertura del mercado en el otorgamiento de ductos.