Por: Alejandro Alemán
Ciudad de México. Si bien es cierto que las acciones legales para el esclarecimiento de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, durante la llamada Guerra Sucia, alcanzaron un nuevo hito judicial tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de atraer el amparo en revisión 185/2024, la postura que asume el gobierno federal para informar sobre el tema contrasta severamente con la gravedad de las omisiones señaladas tanto por el máximo tribunal de la Nación como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Por: Alejandro Alemán
Ciudad de México. Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó los pendientes del Estado mexicano en materia de justicia y derechos humanos, particularmente ante cuestionamientos sobre casos con condena internacional y la responsabilidad histórica de las Fuerzas Armadas.
En el marco de la presentación del nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa, la mandataria instruyó al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Medina, a comparecer este martes ante los medios para profundizar en las dudas sobre investigaciones históricas y expedientes de agravios cometidos por el Ejército.
Ciudad de México. En la culminación de la Semana de Ejecución de Convenios con Asociaciones Electorales, que cerró con la mesa “Avances y desafíos en la participación política de las personas indígenas”, la Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, afirmó que las políticas dirigidas a estas comunidades deben construirse con ellas y no únicamente para ellas, escuchando sus experiencias y propuestas para que influyan en las decisiones institucionales.
En su representación, la Consejera Frida D. Gómez Puga, agregó que la inclusión indígena no puede reducirse a cuotas o candidaturas aisladas, sino que debe reflejarse en la vida interna de los partidos, en la formación de liderazgos y en la garantía de condiciones reales para ejercer los cargos.
Ciudad de México. La detención preventiva de Lee Man-hee, presidente de la Iglesia Shincheonji de Corea del Sur, ha despertado cuestionamientos entre especialistas en derechos humanos, académicos y organizaciones dedicadas al estudio de la libertad religiosa, quienes consideran que el caso plantea interrogantes sobre la aplicación de la prisión preventiva y el respeto al debido proceso.
Lee, de 95 años, permanece detenido desde el 24 de junio por presuntas violaciones a la Ley de Partidos Políticos y otros cargos. Las autoridades surcoreanas sostienen que la medida responde a un supuesto riesgo de fuga y de destrucción de pruebas mientras continúan las investigaciones.
