Ciudad de México. El Instituto Nacional Electoral (INE) demandó del Poder Legislativo que lo incluya en las deliberaciones que lleve a cabo para, eventualmente, reformar la legislación sobre comicios y al mismo tiempo puso a disposición de legisladores “su experiencia acumulada a lo largo de más de dos décadas y media”.

En una carta, que firmaron los 10 Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo del INE, hacen notar que han sabido de la presentación de diversas iniciativas que, de aprobarse, implican cambios a la ley electoral y “tienen impacto directo sobre la estructura y funciones del Instituto Nacional Electoral, así como sobre el modelo mismo de la organización de las elecciones en nuestro país”.

La misiva, dirigida al diputado Porfirio Muñoz Ledo, presidente del Congreso de la Unión, establece que los consejeros “consideramos necesario que antes de aprobar cualquier modificación normativa se pueda contar con el análisis técnico de esta autoridad encargada de organizar las elecciones constitucionales en el país y garantizar el derecho al voto libre en México”.

Ciudad de México. La diputada Graciela Zavaleta Sánchez (OAX Morena C03) propuso exhortar a la Secretaría de Gobernación (Segob) a que, en el ámbito de su competencia, revise políticas penitenciarias y protocolos que incidan en el respeto de derechos humanos de madres internas y sus hijas e hijos en los centros de readaptación social del ámbito federal.

Ciudad de México. El diputado Emilio Manzanilla Téllez (EDOMEX PT D16) impulsa una iniciativa para adicionar el artículo 24 Ter a la Ley General de Educación, con el objetivo de garantizar el acceso a la alimentación escolar gratuita y universal, durante la jornada escolar en los planteles públicos de educación básica de nuestro país.

Tiene cobertura del 98 por ciento en el país, con 17 mil 294 oficinas, mil 778 rutas terrestres y 13 mil 703 buzones

Ciudad de México. La diputada María de los Ángeles Huerta del Río (EDOMEX Morena D24) impulsa reformas a la Ley del Servicio Postal Mexicano a fin de que las dependencias de gobierno utilicen los servicios de Correos de México para la recepción, transportación y entrega de envíos, y no ejerzan recursos públicos en pagos a empresas privadas de mensajería.