Ante ello, Campuzano González presentó una iniciativa que reforma el Código Penal Federal para tipificar la fabricación, modificación, comercialización, distribución, importación y posesión de dispositivos electrónicos destinados a vulnerar sistemas de seguridad vehicular, así como para establecer, como agravante, el uso de esos aparatos para robar automóviles.

Planteó imponer “de tres a ocho años de prisión, y de 500 a mil 500 días multa”, a quien incurra en las mencionadas conductas. También propuso aumentar las penas cuando estos delitos se presenten de manera reiterada.

La senadora por Acción Nacional subrayó que en México se registran más de cien mil casos anuales de robo de vehículos a nivel nacional, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, y la mayoría de ellos ocurre sin violencia, lo que significa que ese delito ha evolucionado hacia formas más sofisticadas, difíciles de detectar y de combatir.

Consideró que, frente a esta realidad, el marco jurídico mexicano resulta claramente insuficiente. Esta nueva modalidad delictiva, apuntó, no es un asunto menor, ya que cada día que transcurre sin una respuesta legislativa adecuada implica la expansión de un mercado ilegal y el perfeccionamiento de las técnicas delictivas.

“La inacción normativa, en este contexto, se traduce en una forma de permisividad frente a una conducta que ya ha rebasado los mecanismos tradicionales de control”, consideró.

En la iniciativa, turnada para análisis y dictaminación a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, la Senadora también propuso modificar la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a fin de que las autoridades retiren del mercado y cesen la comercialización de dispositivos que generen interferencias perjudiciales, así como para impedir su fabricación e importación.

Además, planteó reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor para prohibir la comercialización, publicidad o intermediación de dispositivos, cuya finalidad sea facilitar la comisión de delitos o vulnerar sistemas de seguridad. (Boletín)