Ciudad de México. La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que expide una nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de contar con un marco normativo que orienta no solo la actuación de las instituciones encargadas de esta función, sino el diseño de las políticas, programas, mecanismos y acciones que le dan sustancia.

En lo general, se emitieron 445 votos a favor, 37 en contra y cero abstenciones, con las modificaciones presentadas por integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Seguridad Ciudadana y aceptada por la Asamblea, y en lo particular, 423 votos a favor, 63 en contra y cero abstenciones. Se remitió al Senado de la República.

El dictamen deriva de una iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, abroga la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2009. Fue enviado al Senado para sus efectos constitucionales. 

Ciudad de México. En medio de las airadas protestas de la oposición, la mayoría de diputados de la 4T aprobaron en lo general y en lo particular la Nueva Ley de la Guardia Nacional (GN), la cual regresa el control de esa corporación al Ejército, algo que panistas, priístas y emecistas, consideraron un "grave intento por militarizar la seguridad” en el país.

Los 349 votos a favor emitidos por diputados de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista, fueron más del doble de los que en conjunto alcanzaron los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, los cuales completaron apenas 132 sufragios.

Tras once horas de debate, la oposición –irreductible- centró sus críticas a la posibilidad que los miembros de la Guardia Nacional puedan ser candidatos a cargos de elección popular. “La Constitución prevé que tanto militares como ministros del culto religioso puedan aspirar a esos cargos”, les hizo  notar el coordinador de la mayoría morenista, Ricardo Monreal Ávila.

Ciudad de México. El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aseguró que existen formalidades constitucionales y legales para convocar a un periodo extraordinario.

A través de un posicionamiento publicado en el Diario de los Debates, señaló que el artículo 67 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece de manera clara y sin ambigüedad que el Congreso de la Unión —o una sola de sus Cámaras, cuando se trate de un asunto de su competencia exclusiva— podrá reunirse en sesiones extraordinarias “cada vez que los convoque para ese objeto la Comisión Permanente”; sin embargo, limita el ámbito de deliberación exclusivamente a los asuntos expresamente señalados en la convocatoria respectiva.

Es decir, anotó, el único requisito constitucional es que los temas a tratar estén definidos y acotados en el Decreto de Convocatoria aprobado por la Comisión Permanente, sin que se exija como condición que dichos asuntos hayan sido dictaminados con antelación. 

Ciudad de México. Las soluciones a la actual crisis de agua en el país requiere de una acción colectiva y tras plantear ese imperativo, científicos de universidades del país reclamaron se les incluya en la búsqueda de soluciones.

Así, en una reunión con diputados de todos los partidos, el jefe de Departamento del Instituto de Ingeniería Civil, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, David Clemente López Pérez, refrió que para el uso actual del agua en México:

“Se destina el 76 por ciento a cuestiones agrícolas y el 14.8 por ciento al abastecimiento de consumo humano”. El país cuenta, añadió, con 6,500 presas, 6.7 millones de hectáreas de riego y 2.8 millones de hectáreas con riego tecnificado y más de 3.500 hectáreas de acueductos.

Los estados del país enfrentan una crisis del agua que, dijo, requiere acción colectiva, técnica y urgente, y solicitó que se integre a las universidades públicas en la planeación hídrica, se destinen recursos para la elaboración de estudios, modelos y diagnósticos en proyectos y reconocer que sin ciencia ni conocimiento técnico no hay gestión del agua.