Con dichas modificaciones, la medición de la pobreza y la evolución integral de la política de desarrollo social, así como la emisión de recomendaciones en esta materia, corresponderían al INEGI.
En este sentido, el instituto, en su carácter de evaluador de la política de desarrollo social y medición de la pobreza, se regirá por los principios de independencia, objetividad, transparencia y rigor técnico.
El proyecto establece que el CONEVAL transferirá los recursos presupuestarios, financieros y materiales, además de los inmuebles, derechos y obligaciones sobre dichos recursos al INEGI.
Además, precisa que las reformas propuestas salvaguardan en todo momento los derechos fundamentales de las personas a las que se dirigen y no generarían un impacto presupuestario.








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