En el dictamen se expone que al homologar las sanciones se reducirá la incertidumbre y se dará paso a la certeza y al fortalecimiento del Estado de derecho, con la persecución y sanción del delito, además de que habría progresividad de los derechos humanos, lo que garantizará la justicia y la prevención.

Para ello se requiere una estrategia basada en cinco ejes operativos y preventivos: generar detenciones prioritarias a través de procesos de investigación; fomentar la creación de unidades antiextorsión locales; aplicar protocolos para la atención temprana a las víctimas; la investigación a cargo de la Unidad Especializada contra el Secuestro y Extorsión; así como la implementación de campañas a nivel nacional.

La presidenta de la Comisión de Seguridad, Lucía Trasviña Waldenrath, señaló que la reforma responde a una demanda urgente de la sociedad mexicana: enfrentar con toda la fuerza del Estado el delito de extorsión, un cáncer social y una práctica cruel, dañina y extendida que vulnera la tranquilidad de las familias, asfixia a los negocios, amenaza a los trabajadores, erosiona la confianza en las autoridades y fortalece a la delincuencia organizada.

Al respecto, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de MC, aseguró que la fuerza naranja de su bancada acompañará la propuesta para poner el peso de la ley contra la extorsión, pues los registros señalan que de 400 a 500 carpetas de investigación en 2015 pasaron a 800 en 2025, porque el delito fue tolerado y las autoridades no han podido combatirlo.

Por el PRI, la senadora Carolina Viggiano Austria, comentó que la extorsión impacta en las familias, tiene consecuencias financieras y es una carga para el sistema judicial, además de que muchas víctimas no denuncian por miedo; de no combatir a la delincuencia organizada, que son quienes practican la extorsión, el delito continuará; lo importante, por tanto, no solo es avalar la reforma, sino su implementación.

Juanita Guerra Mena, del PVEM, destacó que su partido respalda la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque es un acto de justicia y protección de las y los mexicanos, así como un paso firme en la construcción de un marco jurídico que permitirá combatir este flagelo delictivo, con eficacia en todo el territorio nacional.

Por el PAN, Verónica Rodríguez Hernández, afirmó que por el compromiso que tienen con las familias mexicanas acompañarán la reforma contra la extorsión, porque la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reconoce que éste es un delito de alto impacto y cuyo combate ha sido insuficiente en todos los órdenes de gobierno, razón por la cual el delito ha tenido un crecimiento alarmante.  (Boletín, Senado)