Tras la discusión y votación del proyecto, la Mesa Directiva instruyó su devolución a la Cámara de Diputados para continuar su procedimiento legislativo.

El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, aseguró que se abrió un espacio de estudio y diálogo con todos los integrantes de ambos órganos legislativos para la revisión de la minuta remitida por la colegisladora, lo que resultó en alrededor de 20 cambios a 15 artículos y la adición de una nueva disposición transitoria.

Ese proceso legislativo “consolida un mejor instrumento al servicio del pueblo de México, para cerrar todas las rendijas a los extorsionadores y acotar la impunidad de este lacerante delito, el tercero de mayor incidencia en el país, que genera enorme impotencia y frustración a las víctimas cuando no se castiga ejemplarmente o queda impune”, añadió.

Corral Jurado aclaró que, aunque no pudieron atenderse todas las propuestas para esta reforma, cada uno de los cambios a la minuta reflejan el ánimo de todos los legisladores por sancionar una conducta que daña a la sociedad; “es una propuesta consultada, analizada y enriquecida con la visión de los distintos Grupos Parlamentarios”, reiteró.

Enrique Inzunza Cázarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, destacó que la reforma diseña y aplica una política de Estado en contra de un delito que, como pocos, afecta la seguridad de la sociedad mexicana.

“La extorsión es una lacra que afecta las actividades económicas de comunidades completas, y especialmente vulnera la tranquilidad de las familias. Su expansión se ha potenciado con el uso de tecnologías de la comunicación y en la corrupción que ha permitido que las cárceles y centros penitenciarios se hayan convertido en centros de operación de este delito”, advirtió.

El senador señaló que la extorsión también despoja a las personas de su tranquilidad, dignidad y sentido de comunidad, por lo que las instituciones del Estado mexicano, entre ellas el Senado de la República, tienen la oportunidad de demostrar sin ambages que México no tolerará ese delito en ninguna de sus formas.

El proyecto de reforma mandata que las fiscalías cuenten con unidades, policías, analistas y ministerios públicos capacitados, evaluados, certificados y especializados en la investigación del delito de extorsión, y homologa criterios y procedimientos penales, para que las conductas extorsivas reciban el mismo trato legal, sin importar la entidad federativa donde se cometa.

El umbral de la pena por la comisión por este delito aumenta en un rango de 15 a 25 años, a diferencia de los seis a 15 años propuestos por la colegisladora, lo que permitiría que personas sancionadas por esa conducta pudieran solicitar su libertad anticipada al aprovechar la retroactividad en su beneficio.

También se establece que el destino de los recursos obtenidos por la extinción de dominio derivado de la comisión del delito de extorsión, serán aplicados preferentemente a la restitución de los derechos de la víctima de este delito.

Plantea que se aplicará pena de 10 a 20 años de cárcel a los servidores públicos con atribuciones de prevención, investigación y persecución de los delitos, así como de procuración o impartición de justicia o de vigilancia y custodia en los centros penitenciarios, que se abstengan de denunciar ante el Ministerio Público los delitos de extorsión.

También se establece una pena de seis a 12 años de prisión a quien, sin autorización, introduzca a un centro penitenciario algún dispositivo electrónico o componente que permita la transmisión de datos, voz, geolocalización o imágenes mediante telefonía fija o móvil, radiofrecuencia satelital, Internet o tecnología análoga.

Además, se protege de las víctimas, ofendidos o testigos de delitos de extorsión, por lo que las autoridades deberán adoptar medidas protectoras a lo largo de todas las etapas del procedimiento, cuando esté en peligro la vida de los agravados, su libertad o integridad física o mental, o puedan ser sometidos por estar en el procedimiento.

Laura Estrada Mauro, de Morena, destacó que la legislación es una decisión política de gran calado que responde a la exigencia ciudadana de vivir sin miedo, además de que reafirma el compromiso de combatir la impunidad con firmeza. “Aprobar esta ley general, es enviar un mensaje contundente: que el Estado Mexicano actúa con unidad y firmeza, que no se doblega ante el crimen”, subrayó.

Del PAN, María Guadalupe Murguía Gutiérrez afirmó que la iniciativa representa un paso importante para prevenir y sancionar de manera uniforme en todo el país el delito; consideró que, al tratarse de una ley especializada, es preciso que cuente con policías, Ministerios Públicos, analistas y unidades especializadas, por lo que es necesario que se le asignen recursos suficientes.

Por el PVEM, Waldo Fernández González subrayó que la propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dispone que la extorsión se debe investigar y perseguir de oficio, lo que “quita el miedo y el riesgo” a denunciarlo; además de que se fortalecen las denuncias anónimas a través del 089, para proteger la identidad de quien hace las acusaciones.

Por el PRI, Carolina Viggiano Austria señaló que esta ley no tiene presupuesto, que se implementará con los recursos ya existentes, aun cuando disminuyó lo destinado a la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que “esperamos que esta ley funcione, pero va a funcionar mejor si le ponen dinero”.

Del PT, Lizeth Sánchez García afirmó que durante años la falta de políticas preventivas y el desinterés de los gobiernos neoliberales dejo a la ciudadanía indefensa, ante un delito que no atendió. Estamos aquí para aprobar una ley que enfrenta a la extorsión en todas sus formas, pues se establece un tipo penal único, con lo que se termina que una misma conducta reciba penas distintas, subrayó.

Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano dijo que con las reformas el gobierno da “un golpe de timón” al combate contra el crimen organizado y se deja atrás la política de “abrazos y no balazos” que tanto daño le hizo al país, pues se atiende un delito que “ha calado hondo” en las familias y en la sociedad mexicana. (Boletín, Senado)