En el documento respectivo, el análisis del consejero establece que de este programa a cargo del Gobierno Federal, 22.28 por ciento de los hogares quedaron desprotegidos con el apagón analógico, a pesar de los cuantiosos recursos que se le destinaron y las estrategias de entrega.

Destaca que las notas periodísticas advierten que la SCT, utilizando los padrones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), dejó a seis millones 697 mil 988 hogares sin señal. Además, atendió de forma parcial a las familias de más bajos ingresos y 50 por ciento de la entrega de televisores se realizó de una manera ineficiente, sin criterios claros.

Aunado a ello, la SCT regaló cuatro millones 909 mil 912 aparatos a hogares que no lo necesitaban y 640 mil 399 televisores a quienes ni siquiera tenían señal de televisión, lo que significa una mala distribución del 54.83 por ciento de los aparatos regalados.

En el dictamen aprobado por el Pleno, se señala que, a pesar de la obligación de la SCT de proporcionar información transparente y oportuna sobre los recursos ejercidos en dicho Programa y sobre el impacto que se logró, existen grandes dudas y contradicciones en las cifras reportadas.

La asamblea consideró conveniente tener una reunión de trabajo con los servidores públicos señalados, para que aclaren el alcance y resultados del Programa para la Transición a la Televisión Digital Terrestre.

En la misma sesión, el Pleno solicitó también a la SCT un informe sobre los criterios contemplados para declarar la adjudicación directa del contrato para la "Coordinación Especializada del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México", donde argumentó que fue por motivo de seguridad nacional.

En el reporte, la Secretaría deberá explicar por qué no fueron contempladas empresas mexicanas y justificar, en su caso, la revocación del contrato a la empresa "Parsons lnternational Limited", que -al parecer- no se encuentra trabajando con la responsabilidad y profesionalismo que requiere este proyecto.

El Pleno, también exhortó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que investigue la adjudicación directa de dicho contrato y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que informe lo concerniente a esta situación.

En otro tema, el Senado hizo un llamado a la STC para que vigile el estricto cumplimiento de la norma respectiva al señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales y, en su caso, sancione las violaciones a la misma.

El senador Patricio Martínez García, del PRI, puntualizó que el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas reviste una especial importancia cuando se trata del tema de la seguridad en las vías de comunicación y en las autorizaciones para que las unidades de autotransporte de carga puedan circular.