Recordó que la ONU apoya el intercambio de experiencias entre países de Latinoamérica, porque es útil para comparar los escenarios que se han enfrentado para combatir la impunidad y en México, añadió, se debe mejorar el funcionamiento de los ministerios públicos y las fiscalías.
Gerardo Esquivel, coordinador Ejecutivo de Investigación del IBD, dijo que es fundamental aprender de las experiencias de otros países, porque México atraviesa por un momento complicado, “ya que no cuenta con un fiscal General, Anticorrupción y para delitos electorales”.
Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, indicó que distintas organizaciones de la sociedad civil están trabajando en una serie de reformas que permitan impulsar un cambio radical en la arquitectura institucional de la Fiscalía Anticorrupción y en el nombramiento de su titular.
Debemos impulsar la creación de una institución robusta, que responda al gran estado de impunidad; y sólo a través del debate plural, desinhibido y sin censura, es como vamos a construir un verdadero cambio, puntualizó.
La directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Ana Lorena Delgadillo, aseguró que las experiencias internacionales enriquecerán profundamente al país, en materia de justicia, ante los altos índices de impunidad y desconfianza de la ciudadanía hacía las instituciones de justicia.
José Alberto Castro, presidente de la Comisión de Combate a la Impunidad de la Vicepresidencia Nacional de Estado de Derecho y Democrático de la Coparmex, dijo que la corrupción e impunidad no son de orden cultural sino civilizatorio; y que como civilización mexicana no hemos logrado dominar la técnica de la aplicación de la justicia.
Expertos internacionales de Latinoamérica en derecho penal plantearon que la especialización en unidades de investigación y fiscales generales es el activo más adecuado para resolver delitos, así como generar protocolos de certificación de personal a través entidades independientes.
En las tres mesas de análisis los especialistas abordaron los mecanismos de control contra la impunidad. La rendición de cuentas de las fiscalías y los fiscales, así como los mecanismos de persecución para la persecución de América Latina.
Durante el seminario los panelistas coincidieron en que la impunidad se debe combatir mediante instituciones autónomas y con un modelo de política criminal preventiva. Mientras que no haya ejecución de la justicia y los casos queden impunes, la sociedad no tendrá confianza en sus gobiernos, señalaron.