SENADO

Ciudad de México. El Senado de la República urgió al Gobierno Federal y a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijar, conforme las bases y elementos, un salario mínimo de 176.72 pesos a nivel nacional, a partir de enero de 2019, para garantizar una vida digna para todas las trabajadoras y trabajadores del país y de sus familias.

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa aseguró que se han agotado los argumentos en contra del aumento, “a tal nivel que los empresarios apoyan el incremento del salario mínimo”, destacó.

Ciudad de México. En 1977, recuerda el senador Martí Batres Guadarrama, la sociedad mexicana se conmocionaba con la revelación de Rosario Ibarra de que, para entonces, había 500 personas desaparecidas, muchas por motivos de protesta ciudadana, social o política, como consecuencia de la persecución ordenada por los gobiernos de los ex presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez.

“Hoy en día, tan sólo el Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas, reporta 37 mil 435 casos al día 30 de abril del 2018, tan sólo una parte de la tragedia nacional; hay más”, dijo el legislador, Presidente de la Junta directiva de la Cámara de Senadores, al inaugurar la exposición fotográfica temporal “Desaparición forzada. Vivos los llevaron, vivos los queremos”, en memoria de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, hace cuatro años.

Al recordar que el artículo primero constitucional establece que todas las autoridades del Estado tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, dijo que en el Senado “debemos recordar para proteger, para que todos los mexicanos estemos alertas de que estos abusos no vuelvan a ocurrir, para que otros jóvenes y sus familias no sufran lo que sufrieron ellos”.

Dijo enseguida que se deben recordar los hechos de Ayotzinapa para exigir con firmeza el esclarecimiento de esta tragedia. “No reclamamos nada extravagante, sólo que quienes investigan lo hagan y lo hagan realmente”.

Agregó que “ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes e incluso el Poder Judicial de la Federación, han señalado las limitaciones, errores y desaciertos de la investigación realizada.

Rubén Vázquez Pérez

 

Ciudad de México. No hagas cosas buenas que parezcan malas, ni viceversa, dice el refrán popular. Y algo así le sucedió a la Mesa directiva del Senado que preside el morenista, Martí Batres Guadarrama:

Un acuerdo que debió ser presentado como recomendación, abonó en las sospechas de que la mayoría en la Cámara alta tiene vocación dictatorial y no nada más de aplanadora.

La aprobación para disminuir el tiempo de las intervenciones de los senadores en el pleno –de 10 minutos a cinco para presentar iniciativas y de tres minutos a uno para los cuestionamientos- quedó lejos de su bondadosa pretensión original:

Más que ser vista como un recurso que agilizaría los debates, la medida quedó como un intento de acallar o de al menos limitar la libertad de expresión de los legisladores.

Ciudad de México. El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), del Senado, Ricardo Monreal Ávila advirtió que el país está hecho pedazos por “deuda, desempleo, inseguridad, corrupción e impunidad”. Y en ese sentido consideró impresionante el estado de descomposición social que se está viviendo.

“Tenemos elementos de juicio pues la deuda externa asciende a más de 10 billones de pesos; tenemos un Estado prácticamente en guerra civil con tantos muertos y desaparecidos y levantados diariamente. Tenemos problemas graves como la inseguridad y territorios completos sin control institucional”, hizo notar.


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