También, garantizar la diversidad cultural en todas sus manifestaciones, con pleno respeto a la libertad de expresión, impulsar el desarrollo de la industria cinematográfica nacional, así como la formación audiovisual de las personas como parte de su derecho a la educación y la cultura.

Añade que las disposiciones de esta Ley serán de orden público, interés social y de observancia general en todo el territorio nacional y expone que las obras cinematográficas y audiovisuales nacionales son un vehículo de expresión artística, social o educativa, producto de actividades culturales, recreativas y económicas. 

Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de lo Ciudad de México deben coadyuvar en el fomento, desarrollo, circulación, promoción y difusión de la industria cinematográfica nacional por sí o mediante convenios con la autoridad federal competente. Fue enviado al Senado para sus efectos constitucionales.

La cultura no es un privilegio sino un derecho

La presidenta de la Comisión de Cultura y Cinematografía, diputada Alma Lidia De La Vega Sánchez (Morena), al fundamentar el dictamen, expresó que México necesita una legislación moderna que acompañe el talento de sus creadoras y creadores. Es una propuesta que reconoce que el cine mexicano no solo cuenta historias, construye identidad, fortalece la memoria colectiva y proyecta al país hacia el mundo.

Destacó que la nueva ley contempla una cuota mínima del 10 por ciento del tiempo de exhibición en salas para obras nacionales, con una permanencia mínima de 14 días, duplicando el tiempo actual; la obligación que tendrán las plataformas digitales para que cuenten con una sección visible y permanente para contenidos mexicanos, garantizando su presencia en el entorno digital; incentivos fiscales de hasta el 30 por ciento del costo de producción que permitan generar empleos, fortalecer cadenas productivas y fomentar la inversión en el país. 

También, medidas de inclusión y accesibilidad que garantizan el acceso a personas con discapacidad mediante subtitulaje, adaptación y autodescripción; apoyos a creadoras indígenas y afromexicanos, reconociendo la riqueza pluricultural y lingüística de nuestro país; se nombran acciones para preservar el patrimonio audiovisual nacional. Es decir, una copia de cada película mexicana será entregada para resguardo en la Cineteca Nacional. Opinó que “estas medidas son herramientas concretas para que el cine crezca, se fortalezca y llegue a más audiencias”. 

Afirmó que no solo se moderniza el marco jurídico, se reconoce que el cine y el audiovisual son una industria cultural estratégica, generadora de empleo, identidad y soberanía cultural, que el cine y el audiovisual forman parte de un ecosistema moderno que debe ser regulado con una visión integral y contemporánea. 

La ley coloca en el centro un principio fundamental: el derecho de todas las personas a acceder, participar y contribuir en la vida cultural. “Una ley que reconoce que la cultura no es un privilegio, sino un derecho”, precisó. 

Mencionó que el dictamen es resultado de un trabajo serio, plural y técnico, que incluyó análisis jurídico, presupuestario y social, que confirmaron su constitucionalidad, su viabilidad operativa y su pertinencia histórica. “Hoy se presenta una legislación que fortalece el derecho humano al acceso a la cultura, reconocido en el artículo cuarto de la Constitución. Esta ley reconoce al cine y al audiovisual como expresiones culturales fundamentales para la vida democrática del país”.

La ley vigente --recordó-- fue expedida en 1992, han pasado 34 años en los que el mundo, la tecnología y la forma en que las personas producen, distribuyen y consumen contenidos audiovisuales cambió, pues hoy el cine ya no vive únicamente en las salas tradicionales; hoy el audiovisual habita en plataformas digitales, series, documentales y en nuevos formatos narrativos que forman parte de la vida cotidiana de millones de personas. Sin embargo, la legislación vigente quedó rebasada por esa transformación tecnológica y cultural.

Refirió que México es hoy el cuarto país del mundo con mayor número de pantallas cinematográficas; no obstante, solo alrededor del cuatro por ciento de los boletos vendidos corresponden al cine nacional. 

“Frente a esta realidad --dijo-- el Estado tiene la gran responsabilidad de actuar. Se ha respondido con esta Ley de Cine y Audiovisual no para restringir la creatividad o para imponer contenidos sino para garantizar condiciones equitativas, a fin de que el cine mexicano tenga presencia, visibilidad y oportunidades reales, porque defender el cine nacional es un acto de defensa cultural”.

El cine y audiovisual son expresiones culturales y artísticas

La diputada Melva Carrasco Godínez (Morena) señaló que la iniciativa parte de una convicción profundamente democrática: que la cultura no es un privilegio sino un derecho humano y que el cine y audiovisual no son mercancía cualquiera sino expresiones culturales, educativas, artísticas y sociales que el Estado mexicano tiene la obligación de promover, proteger y fortalecer. 

Asimismo, plantea reglas, principios y mecanismos para fortalecer no solo la producción sino también la promoción, difusión, preservación y el acceso en condiciones más equitativas. “Es necesaria esta iniciativa porque moderniza una legislación de 1992 que claramente quedó rebasada por la realidad tecnológica, económica y cultural de nuestro tiempo”. 

México tiene una riqueza cultural incomparable

A su vez, el diputado Omar Antonio Borboa Becerra (PAN) expuso que México tiene talento y riqueza cultural incomparable; sin embargo, no hay condiciones suficientes para que esta industria crezca sólidamente año con año. “Votamos a favor porque creemos que el cine mexicano tiene potencial y esta ley debe ser el inicio de una política pública que sea más ambiciosa con recursos y visión a largo plazo y reglas claras”, agregó.  

Mencionó que no se pueden ampliar los derechos sin tener más financiamiento y legislar sin presupuesto es generar expectativas que no se van a cumplir. “El cine mexicano tiene una baja participación en taquilla y una presencia ilimitada de plataformas, lo cual obliga por decreto a exhibir más contenido nacional. No se trata de imponer sino de hacer que la gente quiera verlo”.

Hacer efectivo el derecho humano del acceso a la cultura

Del PVEM, la diputada Ana Erika Santana González hizo notar que el dictamen tiene como objetivo hacer efectivo el derecho humano del acceso a la cultura, reconocido en la Constitución, no solo como una simple aspiración sino como una obligación del Estado mexicano. Asimismo, plantea una política integral que entiende al cine y al audiovisual como expresiones culturales, con un profundo sentido social. 

 Comentó que el dictamen no se limita únicamente a actualizar el marco jurídico, que no se realizaba desde 1992, sino que busca sentar las bases de una política cultural incluyente, equitativa y acorde a los retos actuales, donde la creación, la difusión y el acceso al contenido visual estén al alcance de todas y todos. Recordó que México ha sido la cuna del Cine de Oro de Latinoamericana y “hoy nos da la posibilidad de volver a convertirnos en la cuna del cine”.

Fortalece la soberanía cultural y democratiza el acceso a la cultura

Para el diputado José Alejandro Aguilar López (PT) la ley contribuirá de manera eficaz al fomento de la industria cinematográfica. “Este dictamen pone en el centro algo fundamental: el derecho humano al acceso a la cultura, reconociendo al cine y al audiovisual no como simples mercancías sino como herramientas de expresión, educación y cohesión social”. Además, actualiza el marco jurídico para incluir plataformas digitales, series y contenidos bajo demanda. 

Adelantó que desde su grupo parlamentario respaldarán el dictamen porque fortalece la soberanía cultural, democratiza el acceso a la cultura y coloca al pueblo en el centro de la política pública. Señaló que hay quienes se oponen a este tipo de medidas bajo el argumento del libre mercado, pero la realidad es que el mercado por sí solo nunca ha garantizado justicia cultural. “La cultura no es un privilegio, es un derecho y el cine mexicano no es un accesorio, es esencia pura”.

El dictamen reconoce al cine y audiovisual como bienes culturales

Del PRI, el diputado Juan Antonio Meléndez Ortega aseguró que el dictamen reconoce al cine y audiovisual como bienes culturales y no solo como mercancías. Además, el Estado asume una responsabilidad en su promoción, preservación, acceso y establece mecanismos más transparentes, incluyentes y equitativos; al corregir inercias que debilitaron al sector. “Hoy la cultura no puede quedar sujeta a las reglas del mercado, pero tampoco a merced de políticas que debiliten su estructura”. (Diputados, Boletín)