Ciudad de México. El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Guardia Nacional y se modifican ocho ordenamientos para armonizarlos con la reforma constitucional en esta materia avalada en 2024.

La asamblea avaló en lo general el proyecto con 75 votos a favor y 34 en contra; mientras que en lo particular obtuvo una votación de 75 a favor y 32 en contra, por lo que el documento fue turnado al Ejecutivo Federal.

Se trata del décimo cuarto asunto que desahoga esta cámara como parte de la agenda del Periodo Extraordinario del Congreso de la Unión, que comenzó el pasado 23 de junio, y que en esta fecha coincide con el sexto aniversario de la creación de la Guardia Nacional.

Ciudad de México. Con 74 votos a favor, 13 en contra y 19 abstenciones, el Senado de la República aprobó en lo general el dictamen que busca prevenir y evitar que recursos ilícitos contaminen y alteren la sanidad del sistema financiero nacional.

Posteriormente, la senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath presentó reservas al apartado de Consideraciones y Cuadros Comparativos para eliminar las referencias al financiamiento al terrorismo y la abreviatura (F.T.) en los artículos 2, 3, 6, 8 11, 18, 45 y 55 bis de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y el artículo 11 bis del Código Penal Federal, mismas que fueron aceptadas por el Pleno.

La senadora explicó que el actual marco normativo nacional ya cuenta con la tipificación del financiamiento al terrorismo, por ejemplo, en el mismo Código Penal Federal, además de que México es parte de diversos instrumentos internacionales en la materia.

Por tanto, “esta reserva tiene la intención de eliminar una modificación innecesaria y redundante, que podría derivar en una antinomia o contradicción jurídica, alterando el marco normativo e impidiendo la correcta aplicación de la ley”, añadió.

En tanto, senadores de Movimiento Ciudadano, PRI y PAN presentaron reservas a los artículos 2, 3, 6, 8, 11, 17, 18, 45, 47, 51 Bis y 57 Ter de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y a los artículos 11 bis y 400 bis del Código Penal Federal del dictamen; sin embargó la Asamblea las rechazó, por lo que, con 74 votos a favor, 13 en contra y 20 abstenciones quedó aprobado en lo particular.

El documento enviado a la Cámara de Diputados plantea modificar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y el Código Penal Federal, para mejorar la coordinación entre las autoridades en el combate de las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

También, establece la incorporación de nuevas actividades vulnerables como: el desarrollo inmobiliario, activos virtuales, fideicomisos y la precisión de obligaciones para notarios y corredores públicos en su colaboración en el combate al lavado de dinero.

Se incluyen definiciones como las de: asociaciones y sociedades sin fines de lucro, beneficiario controlador, cliente o usuario, desarrollo inmobiliario, financiamiento al terrorismo, persona políticamente expuesta, representante encargado de cumplimiento y riesgo.

Al fijar la postura de su Grupo Parlamentario, Óscar Cantón Zetina, de Morena, consideró que la reforma representa un “combate ético y político con vocación de Estado” para cortar de raíz las redes financieras del crimen organizado, además de que envía un “mensaje claro y fuerte” de que en el país no gobierna la corrupción, ni manda el crimen.

La senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez sostuvo que su partido, el PAN, coincide con el objetivo general de la reforma de identificar y prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita; no obstante, advirtió que ésta también implicará afectaciones a los derechos humanos, a los datos personales, al patrimonio financiero de las personas, al secreto bancario y a la presunción de inocencia.

En su posicionamiento, Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, dijo que esta reforma en algunos artículos es excesiva y militariza aún más la administración pública, pues como ente de investigación de lavado de dinero se incorpora a la Guardia Nacional. También, agregó, comienza una persecución contra la informalidad, las organizaciones religiosas o filantrópicas y no contra el lavado de dinero.

Por su parte, Luis Alfonso Silva Romo, del PVEM, defendió que la reforma vela por la estabilidad del sistema financiero y la seguridad de los mexicanos; rechazó, además, que se otorguen facultades de intervención y vigilancia directa a las autoridades; “no es una ley penal ni de persecución de delitos, sino una ley de naturaleza preventiva y administrativa”.

Por el PT, Geovanna Bañuelos de la Torre, dijo que esta reforma es una herramienta para defender a México, porque lo que está en juego es la capacidad del Estado para cerrar el paso a quienes lucran con el dolor social, manipulan los sistemas financieros y alimentan las redes del crimen organizado; en ese sentido, dijo que se requiere de legislación que no sólo sancione, sino que anticipe, desactive y cierre los caminos por donde transitan los recursos al crimen organizado.

En su oportunidad, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, de MC, dijo que su responsabilidad es advertir a los mexicanos sobre el riesgo a la privacidad de los mexicanos que esta reforma implica. Consideró delicado que un ente de gobierno con una simple solicitud, que plantea en el dictamen, pueda tener acceso a datos personales, información financiera o patrimonial, en un país donde hay inseguridad.

Senado avala Acuerdo de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar

Por unanimidad, con 100 votos a favor, el Pleno deL Senado de la República avaló el Acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, relativo a la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas fuera de la Jurisdicción Nacional.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Murat Hinojosa, señaló que el acuerdo que fue adoptado en Nueva York, el 19 de junio de 2023, y firmado por México en septiembre del mismo año, es un logro multilateral de los más importantes de las últimas décadas en materia de gobernanza oceánica, por lo que su relevancia no es menor, pues los estados del mundo acordaron dotar a la alta mar de un marco jurídico claro, vinculante y orientado a la equidad.

Aseguró que los océanos cubren más de 360 millones de kilómetros cuadrados, equivalentes al 72 por ciento de la superficie terrestre, los cuales son cuna de la vida, reguladores del clima global, fuente de alimento, transporte, comercio y generación del conocimiento científico, por lo que el mar es parte esencial de la vida cotidiana.

Murat Hinojosa afirmó que el océano sustenta una economía que rebasa los 1.5 de billones de dólares anuales en sectores como la pesca, turismo, biotecnología, energía; sin embargo, dijo, enfrenta amenazas mayores como la pérdida de biodiversidad, acidificación de los mares, contaminación plástica, sobrepesca y minería en aguas profundas, sin regulación clara ni mecanismos.

De ahí que el acuerdo, refirió, busca regular el acceso a los recursos genéticos marinos como bacterias, corales y algas; garantiza que los beneficios derivados de su uso se compartan de forma justa, especialmente en los países en desarrollo; y permite la creación de áreas marinas protegidas con base en criterios científicos.

Además, exige evaluaciones de impacto ambiental antes de realizar actividades en altamar; promueve la cooperación mediante la transparencia tecnológica, la capacitación científica y mecanismos financieros solidarios; y establece una estructura institucional con una conferencia de las partes, órganos científicos, una secretaría permanente y mecanismos para la solución pacífica de controversias.

Por su parte, la senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz, del PT, indicó que México es un país privilegiado y que los mares no tienen bandera ni partido, por lo que conservarlo es prioridad, ya que se trata de un patrimonio común de la humanidad, y por esa razón es importante ratificar el acuerdo; no se trata solo de un tratado, referirse a los océanos es hablar de vida, agregó.

Maki Esther Ortiz Domínguez, del PVEM, asentó que únicamente el 8.3 por ciento del océano cuenta con algún grado de protección, y que solo el 1.9 por ciento concierne a la altamar, por lo que es urgente una acción coordinada entre las naciones para alcanzar a proteger al menos el 30 por ciento de los océanos en 2030.  La aprobación del acuerdo es positiva para el desarrollo sostenible y la conservación de los mares, océanos y recursos marinos, justificó.

Por el PRI, Carlos Hernando Sobrino Argaez, aseveró que México no puede ni debe quedar sólo al margen del acuerdo, aunque sea un hito histórico en la protección de los océanos, ya que debe asumir su responsabilidad ante el mundo y ante las y los mexicanos, pues no hay reglas claras ni limites en sus océanos y mares, de cara a las presiones económicos incompatibles con la sustentabilidad ambiental y la justicia social, por lo que urge construir un marco que garantice el uso responsable de estos recursos.

A su vez, Ivideliza Reyes Hernández del PAN, dijo que proteger los océanos no es sólo una responsabilidad ambiental, sino un imperativo ético y científico para el presente y futuro de la humanidad, por lo que este acuerdo permite el establecimiento de reglas claras para proteger la biodiversidad más allá de las fronteras nacionales en la alta mar, pues promueve un nuevo modelo de cooperación internacional.

Por Morena, Karina Isabel Ruiz Ruiz comentó que los océanos no reconocen fronteras, por lo que cada día están amenazados por la contaminación, el cambio climático y la sobreexplotación pesquera, lo que exige decisiones responsables para proteger el pulmón azul del planeta, particularmente cuando se pone en riesgo la seguridad alimentaria de millones de personas, de manera que el acuerdo beneficia la salud de los océanos y permite un trabajo en conjunto como naciones.

Aprueban salida de elementos de la Armada de México; recibirán adiestramiento en Florida

En la sesión extraordinaria de este miércoles, el Senado de la República aprobó por unanimidad, con 99 votos a favor, el dictamen que concede autorización al Ejecutivo Federal para permitir la salida de 30 elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, a fin de que participen en el “Curso Táctico Básico, Perfiles de Misión Completa e Integración Aérea”, en Blanding, Florida, Estados Unidos.

De acuerdo con el dictamen, turnado a la titular del Ejecutivo para sus efectos constitucionales, los elementos participarán del 13 al 26 de julio, trasladándose a bordo de una aeronave tipo CASA CN-295 de la Secretaría de Marina, que despegará el13 de julio de 2025 desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a la Base de Cecil Field, Florida, Estados Unidos de América, para retornar al país el 26 del mismo mes y año.

También solicita a la titular del Ejecutivo Federal instruya al secretario de Marina, para que presente a esta Soberanía un informe sobre los resultados relativos a la participación de la Armada de México en dicho curso táctico.

Al presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Marina, Verónica Noemí Camino Farjat indicó que la Armada de México ha demostrado ser una institución fundamental para la defensa y seguridad de nuestra nación, al trabajar de manera incansable para combatir al crimen organizado y brindar apoyo en diversas tareas.

La senadora consideró que la participación de los elementos en este curso representa una oportunidad invaluable para fortalecer sus capacidades tácticas individuales y colectivas. “Permitirá que adquieran habilidades avanzadas, para el desarrollo de operaciones conjuntas”, detalló.

Estimó que la participación en este adiestramiento es una continuación de los esfuerzos y oportunidades para continuar la mejora de las capacidades operativas de los elementos de la Armada de México, y que estén preparados ante desafíos futuros y la protección de nuestro país.

Ciudad de México. Las comisiones unidas de Bienestar y Estudios Legislativos Primera avalaron, con 20 votos a favor y seis en contra, las reformas a la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para extinguir al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y transferir sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La presidenta de la Comisión de Bienestar, Andrea Chávez Treviño, señaló que el proyecto presentado surge a iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en consonancia con una reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, por el cual se extingue el CONEVAL y se reasignan sus funciones al INEGI.

Ciudad de México. El presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, dijo que se espera que en este Periodo de Sesiones Extraordinarias se aprueben 15 proyectos para reformar diversas leyes, y dejó abierta la posibilidad para que se realice otro periodo extraordinario.

En entrevista, detalló que la Cámara de Diputados envió ayer tres minutas, las cuales ya se encuentran en las comisiones del Senado de la República a las que corresponde su análisis y dictaminación; “entonces ahí vamos a ir, nosotros les vamos a ir mandando lo que vayamos sacando, ellos nos van mandando. Y, como comentamos, terminaremos el 2 de Julio”, agregó.