Ciudad de México. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, lamentó que, en estos tiempos, en los que se requiere la solidaridad de todos, “haya todavía algunos que no entiendan que este país ya cambió” y que recuerden “ese pasado de corrupción que representaba el FONDEN” para cuestionar las acciones dirigidas a atender la tragedia.

Así se expresó al comentar la emergencia derivada por las intensas lluvias en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, cuya atención requiere de la unión y la solidaridad de todos. “Son tiempos de solidaridad, esos son los nuevos tiempos del país y claro que vamos a salir adelante y más unidos, como república”, afirmó.

En Puebla, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis, dijo, ya iniciaron los censos del Bienestar que permitirán que cada ciudadano afectado en sus viviendas, en sus posesiones, pueda ser resarcido de las mismas; destacó que ya comenzó la recuperación de los caminos, la limpieza de las carreteras y la reconstrucción de los puentes.

López Hernández recordó cómo en esos tiempos gobernadores de otras entidades, como Enrique Alfaro de Jalisco, de Movimiento Ciudadano, apoyó a Tabasco. “Ahora tampoco hay colores”, porque todos los gobernadores del país están ayudando con equipo, helicópteros, brigadas de limpieza y equipo vactor, “esa es la solidaridad que los mexicanos requerimos en estos momentos”, resaltó. 

Ciudad de México. El objetivo principal de las reformas a la Ley Aduanera es combatir la evasión fiscal y garantizar que el comercio exterior cumpla con la ley, destacó la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez. 

La senadora informó en redes sociales que este órgano del Congreso de la Unión recibió de la Cámara de Diputados la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Aduanera.

El proyecto tiene como finalidad modernizar esa legislación con base en las necesidades de intercambio comercial internacional, y como parte de la estrategia para combatir la evasión y elusión fiscal, la subvaluación y el contrabando.

Ciudad de México. La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, urgió a concretar la iniciativa que reforma a la Ley de Amparo, porque se trata, dijo, del “andamiaje jurídico” del nuevo Poder Judicial de la Federación (PJF).

En conferencia de prensa, la senadora recordó que el proyecto que presentó la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, forma parte de las leyes secundarias de la reforma al PJF y considera, entre otros aspectos, la digitalización de los trámites, que la justicia realmente se lleve a cabo en el país y que no haya “un amparo sobre amparo” en el caso, por ejemplo, del pago de impuestos.

Dicha obligación tributaria, subrayó, es una cuestión que se debe cumplir, pues se trata de recursos económicos con los que puede contar el país.

Si existen ese tipo de deudas, acotó, no se puede permitir que se interponga “un amparo sobre otro amparo” para que pasen 20 años sin que se cumplan los compromisos.

Ciudad de México. El Martes próximo, a más tardar, el Senado de la República habrá concretado una reforma constitucional para que el delito de extorsión sea de carácter federal y no dependa mas de gobiernos estatales y así acabar con vacíos legales que favorecen la impunidad de quienes incurren en este delito.

Desde luego que, ese Martes, la mayoría del pleno senatorial primero tendrá que ratificar la aprobación que este día hicieron los integrantes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos, al validar por unanimidad, con 47 votos, el dictamen que reforma el inciso “A” de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extorsión.

Dicha reforma establece la facultad al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de extorsión, es decir, un marco homogéneo que unifique la tipificación del delito, sus agravantes, las penas y mecanismos de atención a las víctimas, de manera tal que el combate al delito ya no dependa de gobiernos estatales, sino del ámbito federal y, se supone, acabar así con los vacíos que favorecen a la impunidad.