La senadora del PAN, Verónica Rodríguez Hernández, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral, pues le da al Gobierno Federal la posibilidad de decidir, “de manera discrecional, quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar”, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.

Del PVEM, Juanita Guerra Mena argumentó que la reforma consolida una visión de Estado donde el agua deja de ser mercancía para asumirse como un bien social; el proyecto planteado por el Ejecutivo Federal, agregó, “hace que México avance hacia un modelo de gestión más justo, transparente y sostenible, que garantiza el acceso al agua como uno de los principales derechos humanos”.

Carolina Viggiano Austria, del PRI, advirtió que este proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua, además de que no se consultó a los pueblos originarios, por lo que, acusó, “el derecho al agua queda en el discurso, no en la realidad”.

Por el PT, Lizeth Sánchez García reiteró que esta legislación reconoce y da personalidad jurídica y patrimonio propio a más de 70 mil comités de agua, al otorgarles derechos y obligaciones claras; asegura la transmisión expedita de derechos en herencias, compraventas y funciones lo que protege el patrimonio de familias campesinas; define el uso agropecuario familiar para proteger la economía de subsistencia y deja clara la diferencia entre los pequeños productores y los grandes agroindustriales.

Luis Donaldo Colosio Riojas, de MC, señaló que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano; además, se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, de corrupción, favoritismos y de castigo político, crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes por lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.

La turnan al Ejecutivo

La Cámara de Senadores turnó al Ejecutivo Federal el proyecto de decreto que establece las bases, apoyos y modalidades para el acceso, uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, así como su interdependencia con otros derechos humanos.

En lo general, la asamblea dio su respaldo a la propuesta que envió la Cámara de Diputados con 85 votos a favor y 36 en contra; en lo particular senadores de Morena, PAN, PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano presentaron reservas para modificar diversos artículos, pero fueron rechazadas por el Pleno, por lo que se aprobaron en sus términos con 82 votos a favor y 34 en contra. 

La senadora Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, presentó una reserva al artículo 44 de la Ley de Aguas Nacional, la cual fue sometida a votación en el tablero electrónico del Pleno, misma que fue rechazada por las y los senadores con 35 votos a favor y 69 en contra. 

El proyecto de decreto aprobado expide la Ley General de Aguas, y reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. 

El documento define el contenido del derecho humano al agua y establece las disposiciones que garantizan su acceso equitativo y su uso sustentable; además, promueve, respeta, protege y garantiza el derecho para su consumo personal y doméstico, acceso, disposición y saneamiento acorde con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales de los que México es parte.

También plantea las instancias, instrumentos y procedimientos para la participación de la Federación, estados y municipios en la tutela del derecho humano al agua, y define los mecanismos, instrumentos e instancias de participación ciudadana en el acceso equitativo y uso sustentable del vital líquido.

Entre otros temas, se garantiza el acceso equitativo y sustentable a los servicios públicos de agua y saneamiento, así como el fortalecimiento de las bases para su operación.  

Además, se establecen las bases de las políticas que garanticen las perspectivas de género, discapacidad, interculturalidad, intergeneracional, ecosistémica y etaria, para fomentar condiciones de equidad en la gestión y gobernanza del agua.