El texto de la misiva de Gertz Manero dice también:

“Debido a lo anterior y en apego a las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted, respetuosamente, tenga a bien informar lo anterior al Pleno del Senado de la República; a efecto de que, si así lo estimara conveniente el órgano legislativo, se dé inicio al proceso para la ratificación de mi nombramiento, con base en lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes en la materia.

“Lo anterior, con la aspiración de obtener la ratificación del nombramiento con el que me ha honrado la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos y así poder servir a los intereses de México con compromiso, responsabilidad y en estricta observancia a una política exterior representativa de la pluralidad del Estado Mexicano”.

De la existencia de dicha carta se sabía desde las primeras horas de la mañana del Jueves último, algo que incluso le fue planteado a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo; la mandataria se excusó de dar detalles y sólo expresó que “algo”, le habían comentado. Y prefirió que la misiva fuera primero entregada formalmente al Senado y que luego éste la diera a conocer.

A continuación, la senadora Laura Itzel Castillo Juárez dijo que, en consecuencia, a partir de la comunicación recibida por la que Alejandro Gertz Manero informó de su retiro como titular de la FGR, la presidencia de la Mesa Directiva determinó que en atención a la competencia del Senado para resolver sobre su aceptación y aprobación, en términos por lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley de la Fiscalía General de la República, dicho asunto es la mayor relevancia para el funcionamiento institucional del Estado Mexicano.

Mencionó que la FGR es un órgano público autónomo, cuyo objeto primordial es la investigación y persecución de los delitos del orden federal antes los tribunales, actuando como representante de los intereses de la sociedad.

La institución, continuó, tiene bajo su mando al Ministerio Público de la Federación, cuya actuación debe regirse estrictamente por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. “Esta función la convierte en la pieza clave para activar el sistema de justicia penal en casos de alto impacto nacional, delincuencia organizada y delitos contra la Federación”, comentó.

En consecuencia, agregó, la FGR tiene la potestad exclusiva de ejercer la acción penal, es decir, es la autoridad encargada de llevar a los presuntos responsables ante los jueces federales, solicitar órdenes de aprehensión y cateo, y procurar que los juicios se sigan con regularidad para obtener sentencias condenatorias.

Por todo ello, la senadora Laura Itzel Castillo consideró imprescindible que este órgano legislativo se avoque de inmediato a discutir y emitir la resolución correspondiente, por lo que, con 87 votos a favor y nueve en contra, la asamblea aceptó el asunto de obvia y urgente resolución.

Enseguida, para hablar a favor del tema, por Morena, Enrique Inzunza Cázarez afirmó que al fiscal Alejandro Gertz Manero le correspondió “colocar la primera piedra” de una etapa de configuración constitucional autónoma de la FGR. El día de hoy ha presentado el retiro de esa alta encomienda y responsabilidad, y por ello, de acuerdo con lo que establece el artículo 24 de la Ley de la Fiscalía General de la República, procede aceptar y aprobar la solicitud.

En esta nueva etapa necesitamos una procuración de justicia vigorosa, que haga realidad el anhelo de muchas mexicanas y mexicanos por tener acceso a instituciones que obren con diligencia y que sin cortapisas sirvan a la protección de los derechos de todas y todos, puntualizó.

Del PAN, Raymundo Bolaños Azocar aseguró que el documento que se recibe “no dice en ningún lado que el fiscal renuncia”, sino que sólo se anuncia que lo han propuesto como embajador en un país amigo, y que por ello se retira de su actual cargo y, “hasta donde marca la ley, el retiro no es una causa de separación que el Senado pueda calificar”.

El panista hizo notar que, “por donde se vea no hay como justificar que existe un elemento de gravedad” y no puede justificarse la separación del fiscal, sin una causa grave. México, agregó, necesita que sus órganos e instituciones respondan a la gente y no al acomodo político de posiciones del “morenato”, porque existe el riesgo de que la renuncia “sea la apertura de un nuevo capítulo de control político, con un fiscal cómodo, de cuota y obediente”.

Luis Alfonso Silva Romo, del PVEM, dijo que el Senado ha aprobado la renuncia de ministras, jueces y legisladores, cuando se considera que esos cargos son irrenunciables. No debe haber causa más grave que alguien no quiera continuar al frente de una responsabilidad y que, además, lo hizo del conocimiento de la Cámara legislativa por escrito; por ello, dijo que se debe iniciar el proceso de selección de una nueva persona fiscal.

Dijo que la literalidad de la ley, en este caso, sería un absurdo, porque se estaría obligando a alguien a permanecer en un cargo público en contra de su voluntad. Por ello, llamó a sus homólogos a que, más allá de verter argumentos jurídicos, se apele a la cordura, votar con sentido común, calificar como una razón grave y aceptar la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

En contra, Manuel Añorve Baños, del PRI, dijo que su partido no aceptará que “por otra chamba, por un premio diplomático, por un movimiento político disfrazado de cortesía institucional se pretenda justificar la renuncia del fiscal general de la República”.

Lo que se ve, consideró, es un fiscal renunciado para abrir paso a un fiscal a modo, alguien moldeado a la medida del régimen, que no incomode o investigue ante tantas denuncias públicas presentadas. Agregó que se corre el riesgo de tener una fiscalía al servicio del poder, no de la nación.

Lizeth Sánchez García, del PT, manifestó que la renuncia del fiscal general se recibe y se acepta con respeto institucional y en reconocimiento al periodo de servicio ejercido por el fiscal general, quien durante su función condujo responsabilidades relevantes para el funcionamiento del Ministerio Público de la Federación y encabezó investigaciones de alto impacto, además de fortalecer diversas áreas de la institución.

Esta transición, afirmó, no altera el funcionamiento de la institución ni pone en riesgo su independencia, al contrario, confirma la solidez de su diseño porque la Fiscalía no se detiene, las investigaciones, los peritajes, las actuaciones ministeriales continúan en marcha, “gracias a una estructura profesional que trabaja todos los días con rigor y compromiso”.

Por MC, Clemente Castañeda Hoeflich mencionó que su bancada tiene claro de la gravedad y urgencia que tiene este asunto, por tratarse de una institución pilar del Estado mexicano. Sin embargo, refirió que la Ley General de la Fiscalía General de la República, refiere que la renuncia de la persona titular del FGR será sometida para su aceptación y aprobación por mayoría simple de las personas integrantes presentes y dicha renuncia sólo procederá por la causa grave así calificada por el Senado de la República.

Señaló que “no cualquier razón es aceptable en automático”, que tiene que haber una evidente situación extraordinaria, anómala, grave para que la Cámara acepte un trámite de esta naturaleza. Subrayó que “el haber sido propuesto embajador de un país amigo”, no es una cusa grave, y que una causa de gravedad es el haber cometido un ilícito que darle la autoridad moral, es cometer violaciones graves a la Constitución, así como estar incapacitado mental o físicamente, “pero intercambiar tareas de servicio público o aspirar a ser embajador no puede considerarse como una causa grave”. (Rubén Vázquez Pérez)