Jorge Muñoz Barrett, Jorge Enrique Mata Gómez, Mayra Alicia Alvarado Cruz, Fernando Cruz Ventura, Sandra Paola González Castañeda, María Elena Montero García, Rodrigo Eduardo Escalante Ramírez, Yamil Villalba Villarreal, Olimpia Tamara Girón Hernández, Jesús Omar Sánchez Sánchez, Ricardo Carlos Molina Arias.

Además, Edgar Daniel Guerrero Flores, Idubina Nañez Bugarin, Miguel Alejandro Guizado Jaimes, Elizabeth Bautista Velasco, Luis Fernando González Macías, Marco Polo Carballo Calva, María del Carmen Quiroz Rodríguez, Anabel Dávila Salas.

A petición de la senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa y del senador Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, de Morena, se realizó la votación por separado de Miguel Ernesto Pompa Corella, quien obtuvo 64 votos a favor y 34 en contra. Tras la discusión –la oposición los acusó de improvisados y de leales a Morena y a la Presidenta Sheinbaum-, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, les tomó protesta constitucional.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Miguel Ángel Yunes Márquez, apuntó que la justicia administrativa es un mecanismo de control esencial en la vida pública, que marca límites claros a la actuación de las autoridades y protege a la ciudadanía frente a decisiones y procedimientos que afectan sus derechos.

Las propuestas enviadas por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, agregó, muestran capacidad, experiencia y una clara vocación de servicio. “Hoy tenemos la oportunidad de fortalecer la integración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con perfiles probados”, agregó.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, consideró que el TFJA es clave en la lucha contra la corrupción, por eso se requiere que sea “fuerte, autónomo y honesto, para decirle a la gente que hay consecuencias para la trampa, el desvío de recursos y para el compadrazgo”.

Por primera vez, subrayó, este tribunal no es diseñado para servir a los grandes intereses económicos, sino para servirle al pueblo, porque durante décadas la justicia fiscal y administrativa “fue un territorio donde los de arriba llegaban con despachos carísimos, influencias políticas y convertían sus obligaciones en asuntos negociables”.

De Morena, Nora Ruvalcaba Gámez defendió que la designación de estos nombramientos fortalece a una institución clave, garantiza continuidad y profesionalismo, y coloca al Tribunal Federal de Justicia Administrativa en mejores condiciones para cumplir con su misión constitucional, “la profesionalización de la justicia administrativa es una apuesta por la confianza pública”, añadió.

El senador Gustavo Sánchez Vásquez, del PAN, acusó que, de los ciudadanos propuestos por la presidenta de la República, 19 trabajan actualmente en el Gobierno Federal, mientras que otros aceptaron en sus comparecencias ser miembros de Morena y ninguno tiene experiencia en tribunales fiscales; “le van a deber el trabajo a la presidenta de la República”, lamentó.

Waldo Fernández González, del PVEM, expuso que el sistema de justicia administrativa es uno de los instrumentos más importantes para garantizar la transformación de las instituciones públicas por lo que requiere una autoridad que actúe con firmeza, determinación y sin arbitrariedades; “no más mas instrumentos de la justicia cooptados por unos cuantos”, enfatizó.

La senadora del PRI, Cristina Ruíz Sandoval advirtió que la relación con Morena de los perfiles propuestos por la presidenta de la República provocará que el país carezca de tribunales independientes; “este dictamen destruye contrapesos y debilita las instituciones. Esos es traición al Estado constitucional”, sostuvo.

Por el PT, Lizeth Sánchez García afirmó que las y los magistrados cumplen con los requisitos legales y acreditan trayectorias que reflejan años de experiencia en las áreas más sensibles de la justicia administrativa como son: la fiscalidad, el control de responsabilidades, el comercio exterior, el litigio contencioso administrativo y la normatividad que regula la actuación del Estado.

Néstor Camarillo Medina, de Movimiento Ciudadano manifestó que, de las 20 personas pocas tienen trayectoria en el Poder Judicial, experiencia en la materia y no son garantía de independencia e imparcialidad. “Es lamentable que para esta administración la prioridad no sea la capacidad y el mérito, sino la cercanía y la lealtad con el régimen”, finalizó. (Rubén Vázquez Pérez)