Asimismo, se plantea modificar el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para que sea atribución de esta procuraduría vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de educación impartida por particulares establecidas en la Ley General de Educación, en el ámbito de su competencia. 

La iniciativa subraya que con las reformas se busca evitar que los padres de familia o los usuarios de los servicios educativos que prestan los particulares tengan que estar pagando una cuota adicional por reinscripción cada grado escolar o cada ciclo lectivo. 

Explica que la inscripción es el proceso inicial de ingreso, reingreso y registro de una alumna o alumno al curso escolar con el que se da de alta en el sistema nacional educativo, en tanto que la reinscripción es un trámite administrativo que se realiza para continuar en el mismo programa educativo, en períodos escolares subsecuentes al del periodo inicial.

Esta situación, afirma, impacta negativamente a la economía familiar debido a que tienen que hacer un esfuerzo doble en el momento que se les junta el pago de la inscripción o reinscripción con el correspondiente pago de la colegiatura, además de los gastos por compra de útiles escolares, libros, uniformes, entre otros.

Menciona que, si bien las escuelas privadas funcionan como empresas con sus propios cobros y gastos, están limitadas por la Ley Federal de Protección al Consumidor, la cual garantiza los derechos del consumidor y regula las obligaciones de los proveedores, de tal manera que no pueden exigir pagos indiscriminados.

Con estas modificaciones al marco legal, enfatiza, además de que se beneficiaría la economía familiar, se abriría la posibilidad de que las escuelas particulares incrementen su matrícula. (Boletín, Diputados)