Delgado Carrillo subrayó que los elementos de la Guardia Nacional “van a tener una preparación para ser policías y ofrecer servicios de seguridad pública. Es muy diferente a la filosofía y propósito que tiene el Ejército. El Ejército tiene una preparación para la guerra, para enfrentar amenazas existenciales del Estado”.

“No es una militarización porque ya no va a ser el Ejército el que haga labores de seguridad pública, las va a hacer la Guardia Nacional; y para conformar la Guardia, aunque sean elementos que vengan de las policías Naval, Militar y Federal, serán sujetas a su Ley Orgánica su actuación, preparación, uso de fuerza y el respeto de los derechos humanos”, manifestó.

“Entonces, (la creación de la Guardia Nacional) va en el sentido contrario de la militarización, va justamente hacia la desmilitarización”, insistió.

A pregunta expresa sobre si esta iniciativa debe ser aprobada antes de que inicie el gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, el 1 de diciembre, el legislador respondió que no necesariamente, porque se trata de un tema muy polémico.

Delgado Carrillo destacó que la Cámara de Diputados estará abierta a escuchar a todas las organizaciones civiles y demás actores políticos y sociales interesados en discutir la propuesta.

Indicó que la propuesta de Morena considera el tema de los derechos humanos, y va más allá, al reconocer la plena jurisdicción de la Corte Penal Internacional para el Estado Mexicano.

“Se aprovecha esta modificación constitucional para hacer el compromiso con la Corte Penal Internacional para reafirmar que vamos en el sentido de respetar siempre los derechos humanos”, externó.

Este martes, la bancada de Morena presentó una iniciativa de reformas constitucionales, para crear el modelo de Guardia Nacional considerado en el plan de seguridad, que anunció López Obrador, la semana pasada.

La propuesta plantea reformar y derogar diversas disposiciones de los artículos 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76, 78, 82, 89 y 123 de la Constitución Política.

La iniciativa incorpora una definición de Guardia Nacional en la Carta Magna que a la letra dice: “es una institución del Estado que participará en la salvaguarda de la libertad, la vida, la integridad, y el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas, protegiendo su seguridad, sus bienes, así como preservar el orden, la paz pública, los bienes y recursos de la Nación”.

También propone modificar el artículo 73, para darle al Congreso de la Unión la facultad de expedir las leyes que reglamenten la organización, adscripción, armamento, disciplina, profesionalización y uso de la fuerza de la Guardia Nacional.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictaminación, y a las de Gobernación, y de Seguridad Pública para su opinión.

No a imposición de una Guardia Nacional; es modelo que no ha funcionado: Riojas Martínez

Al respecto, la diputada Ana Lucía Riojas Martínez (sin partido) respaldó al colectivo Seguridad Sin Guerra, quienes rechazan el Plan Nacional de Paz y Seguridad anunciado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador y piden que se abra un debate nacional sobre el modelo de seguridad que México requiere.

“El debate nacional sobre el modelo de seguridad que México requiere, debe ser amplio y abierto a todas las voces, sin imponer como punto de partida la creación de la Guardia Nacional, ni algún otro proyecto que proponga repetir la fórmula que no ha funcionado”, indicaron en conferencia de prensa integrantes de Seguridad Sin Guerra.

“Se pretende presentar nuevamente un proyecto de militarización, ahora encarnado en reformas constitucionales para crear una Guardia Nacional… es decepcionante ver a quienes el año pasado exigían seguridad sin guerra, impulsando un nuevo proyecto de militarización” añadieron.

Este colectivo, comentó, agrupa a 300 organizaciones de derechos humanos y víctimas de violencia; su dirigente Alfredo Lecona Martínez, explicó que la participación de los militares en la seguridad pública del país ha generado 250 mil muertes; casi el mismo número de desplazamientos y más de 37 mil desapariciones, por lo que “la militarización no es la solución”.

Lecona Martínez refirió que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU indicaron que en el país se debe optar por el fortalecimiento de las instituciones civiles, para recomponer la seguridad pública y construir un plan de retiro gradual de las Fuerzas Armadas.

Ixchel Cisneros, integrante de dicho colectivo, recordó que el 30 de noviembre de 2017, se aprobó la Ley de Seguridad Interior, la cual se impuso como un proyecto para perpetuar la militarización; hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la declaró inconstitucional, porque violó “el proceso legislativo por las fuerzas que se impusieron en la legislatura pasada”. “Hoy (venimos) para advertir a las diputadas y a los diputados que no se debería avanzar en ese camino, sin escuchar las voces nacionales e internacionales y especialmente a las víctimas de la violencia”, apuntó.

Pidió a la Cámara de Diputados, especialmente a los miembros de la mayoría legislativa, que escuchen las críticas y a las víctimas, y que hagan uso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual está conformado por una Comisión y una Corte, herramientas que plantean propuestas sobre la permanencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, entre otros fines.

Ixchel Cisneros informó el que esta mañana entregaron una carta al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en donde externaron sus inquietudes y propuestas sobre este tema. “La verdadera transformación de la vida pública parte del diálogo y los diagnósticos generados por la escucha y demandas de las víctimas”, concluyó.