Consideró necesario aumentar o bien flexibilizar el tiempo de ingreso a las escuelas, pues es incierto en qué momento los jóvenes serán repatriados, y de no ser así ellos tendrán que esperar hasta el próximo ciclo escolar para pedir su revalidación. 

Del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, del Instituto Politécnico Nacional, Silvia Didou Aupetit, dijo que es necesario contar con una instancia central que valide y sistematice la información local y federal, sobre solicitudes de revalidación y equivalencias, pues se debe contar con transparencia y rendición de cuentas.

Agregó que podrían establecer alianzas estratégicas con universidades de Estados Unidos y contar con revalidación por ciclos, así se agilizarán los trámites y se facilitará el ingreso a las instituciones académicas públicas o privadas y, éstas últimas, podrían hacer revalidaciones parciales. 

En representación de la Universidad de Guadalajara, el investigador Ángel Lara Hiram Abel, se pronunció porque en la ley se aborde el tema de la integración de los connacionales que fueron encarcelados en Estados Unidos, y que hicieron la preparatoria en escuelas públicas estadounidenses.

Muchas de estas personas ya son deportadas a México pero, contrario a lo que se pudiera pensar, afirman que no quieren seguir con el pandillerismo en México, sino hacer algo bueno por el país, de ahí la necesidad de integrarlos y, con ello, impedir que sean captados por la delincuencia organizada.

Rodrigo Aguilar Zepeda, investigador del Colegio de la Frontera Norte, propuso que se establezca con claridad qué autoridad será responsable la revalidación que realizarán las universidades, a fin de garantizar transparencia en la recepción de los educandos.

Se requiere además de una estrategia de difusión y sensibilización del personal educativo, a fin de que atiendan puntualmente las reformas a la ley, pues generalmente los mismos directores no leen la documentación oficial y, en este caso, es fundamental que tengan claridad en los lineamientos, pues son ellos quienes enfrentarán directamente el retorno de educandos.

Por el Centro de Investigación y de Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Agustín Escobar Latapí, coincidió en que se deben establecer reglas claras e, incluso, la rendición de cuentas de las autoridades locales, pues actualmente son tan laxas que un director puede rechazar a un migrante por no hablar bien español, o no conocer la historia de México.

En la revalidación, agregó, es necesario considerar los diversos tipos de migración, pues se registra menor nivel escolar en las familias rurales, en aquellas donde hay una emigración circular, es decir que se van y retornan constantemente.

Luis Alfredo Arriola Vega, del Colegio de la Frontera Sur, apuntó que dentro de las acciones a tomar se debe considerar no sólo a quienes serán deportados, sino a todos aquellos migrantes que ya se encuentran en el país, a partir del exponencial aumento de retornos a partir de la crisis en Estados Unidos en 2008, y que no han logrado reinsertarse en los servicios educativos, precisamente por las trabas que se pretenden eliminar.

Lo anterior, implica la necesidad de armonizar los programas sociales con las reformas educativas, es decir, que también se eliminen trabas como la solicitud de documentación para conceder beneficios como becas escolares, por ejemplo, y así lograr su efectiva integración, puntualizó.

Del Colegio de Michoacán, Oscar Ariel Mojica Madrigal, expuso que se requiere emprender una campaña en contra de las discriminación por parte de la misma población mexicana y, en especial, de los propios profesores y directores de escuelas, que llegan a descalificar a los migrantes por no conocer el sistema educativo nacional; este es uno de los principales factores por lo que hijos deportados abandonan los estudios.

Este tema, puntualizó, incluye la urgencia de que se prevean acciones integrales en la regularización de los menores en retorno y al incorporarse a las aulas, puedan empatar en conocimientos con sus compañeros.

El presidente de la Comisión de Educación, Juan Carlos Romero Hicks, reiteró que el interés del Senado es dictaminar a la brevedad la Iniciativa Preferente; por lo que, solicitó a los investigadores entregar los principales puntos de coincidencia que expresaron, a fin de integrarlos a los trabajos parlamentarios.

En cuanto a las propuestas de modificación al Acuerdo 286, explicó que existe margen de acción, pues los cambios a este Acuerdo son facultad exclusiva del Ejecutivo Federal, quien los canalizó a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) y, actualmente, se encuentran en consulta nacional.

En la reunión participaron los senadores Hilda Esthela Flores Escalera y Daniel Amador Gaxiola, del PRI; Luis María Calderón Hinojosa, del PAN; Raúl Morón Orozco, del PRD; y Martha Palafox Gutiérrez, del PT.