Entre los ocho puntos de acuerdo que propuso la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que preside la senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, también se planteó a la Secretaría de Salud, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y al gobierno de las 32 entidades federativas  fortalecer las acciones de difusión y promoción de los derechos de las personas adultas mayores.

Al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se le pide realizar un trabajo en conjunto con los integrantes de su Junta de Gobierno, para que coordine la planeación y elaboración de un programa a nivel nacional que establezca un apoyo económico efectivo para las personas con discapacidad.

A los gobiernos de las entidades federativas se les solicita realizar, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), un diagnóstico integral del sistema de transporte público de pasajeros y de las necesidades en materia de movilidad de la población de adultos mayores en cada entidad, con la finalidad de generar estrategias que permitan mejorar la movilidad de éste grupo de personas.

De la misma manera se exhorta a las a las autoridades de Baja California y del municipio de Mexicali, a que informen el avance del cumplimiento de las recomendaciones para salvaguardar la integridad de los adultos mayores que residen en asilos ubicados en aquella entidad y garantizar el respeto a los derechos humanos de este sector de la población.

Mientras, a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) se le solicita que informe a esta Soberanía sobre la investigación que ha llevado a cabo en relación a los acontecimientos ocurridos en la estancia infantil “Rehilete”, del Estado de Tlaxcala, en donde, presuntamente, menores de edad han sido víctimas de abuso, y a la Procuraduría General de la República se le pide que atraiga la investigación de esos hechos.

En un punto más, se exhorta a la Secretaría de Salud que se coordine con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), para impulsar acciones y programas para eliminar cualquier tipo de maltrato en contra de toda persona adulta mayor con la finalidad de brindarles una vida digna.

Los planteamientos fueron aprobados en votación económica por el Pleno y fueron remitidos al Ejecutivo Federal para sus efectos.