El documento –que no precisa la identidad del representante del gobierno de la Ciudad de México- establece que el desconocido funcionario se pronunció por dar un marco de legalidad a la actuación de los militares.
Si se retiran de sus tareas “se colocaría en un jaque y en un grave riesgo a la seguridad nacional”; sin embargo, “no quiero dejar de señalar que en esta minuta yo advierto excesos y advierto algunas disposiciones que rebasan lo que incluso han solicitado las Fuerzas Armadas”, habría dicho el ignoto servidor público.
En el comunicado se asegura también que mandatarios estatales pidieron al Senado aprobar la minuta que expide la Ley de Seguridad Interior, porque consideraron que es imperante dar un marco legal a la actuación de las Fuerzas Armadas en sus labores en las entidades federativas.
Según el boletín, los gobernadores advirtieron que sería “un grave riesgo a la seguridad nacional” retirar a los militares de sus tareas contra organizaciones criminales. La ley no militariza al país, no invade competencias locales ni transgrede los derechos humanos ni las garantías individuales, aseguraron.
De acuerdo al comunicado 593 del Senado, los ejecutivos locales precisaron que no se criminaliza la protesta social y señalaron que es una exigencia ciudadana restablecer la seguridad, para ello, se necesita toda la fuerza del Estado y contar con policías certificadas.
Dice el documento que también mencionaron que con la participación del Ejército se ayudaría a revertir institucionalmente la debilidad que tienen todavía los tres niveles de gobierno en tareas de seguridad.
Más adelante, el boletín se vuelve más explícito al precisar que fueron diez los ejecutivos estatales que expresaron sus opiniones respecto a la minuta referida, en el marco del análisis de la Ley, que llevan a cabo los presidentes de las comisiones dictaminadoras.
Empero, el comunicado 593 del Senado no precisa los nombres de los mandatarios que presuntamente participaron en el análisis de la controvertida ley; sólo dice que los gobiernos que opinaron a favor del ordenamiento fueron los de Colima, Durango, Jalisco, Baja California, Tamaulipas, Aguascalientes y Querétaro.
Y que éste último lo hizo a nombre propio, así como de Baja California, Tamaulipas y Aguascalientes.
El gobierno de Colima señaló que es necesaria una Ley de Seguridad Interior, ante el crecimiento de los índices delictivos, “y su análisis debe superar las posiciones de tipo político, partidista o electoral”.
Destacó que la Ley no facultará la invasión de la esfera competencial de las fuerzas del orden local, tampoco generará la sustitución de estas autoridades, ni establecerá un Estado de excepción.
Durango solicitó a los legisladores que se apruebe la legislación en materia de seguridad interior, ya que, al verse rebasados en algunos casos por la debilidad institucional de las corporaciones policiacas, se necesita que el Ejército mexicano pueda tener un marco jurídico que le permita actuar con toda certeza.
Observó que esta ley se constriñe estrictamente a las facultades constitucionales y legales y a los tratados internacionales en la materia, sobre todo, de respeto a los derechos humanos.
Para el gobierno de Jalisco es procedente aprobar el dictamen en el Senado, a fin de revertir institucionalmente la debilidad que tienen todavía los tres niveles de gobierno en tareas de seguridad.
Refirió que la lucha que se libra en ese estado contra los grupos criminales sería impensable sin la presencia de las Fuerzas Armadas, por lo que consideró imperiosa la necesidad de crear un marco legal que regule su actuación y les otorgue certeza jurídica.
El gobierno de Jalisco expresó que es imprescindible una estrategia conjunta de todos los órdenes de gobierno en donde la presencia del Ejército y la Armada de México esté claramente delimitada para atender exclusivamente las amenazas a la seguridad interior.
Dijo que es absolutamente necesaria e inaplazable la aprobación de una ley que permita a las Fuerzas Armadas seguir colaborando con los estados en un marco en el que, tanto la sociedad como los militares, tengan derechos, facultades, limitaciones y alcances. Precisó que, bajo las actuales circunstancias, la presencia del Ejército se da en el marco de un vacío legal que genera incertidumbre.
A nombre de los ejecutivos de Baja California, Tamaulipas y Aguascalientes, el gobierno de Querétaro pidió a los senadores retomar, discutir y votar “lo más rápido” la Ley de Seguridad Interior.
Negó que la Ley militarice al país o viole los derechos humanos y las garantías individuales. Aseguró que la protesta social o las movilizaciones que tengan motivo político-electoral, “que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución”, bajo ninguna serán consideradas como amenazas a la seguridad interior.
Otras representaciones estatales matizaron sus observaciones sobre la mencionada ley de seguridad interior:
San Luis Potosí aseguró que este ordenamiento permitirá tener una mayor y mejor coordinación en materia de seguridad pública con las Fuerzas Armadas y también para poder integrar a las fuerzas policiales municipales en esta tarea.
Comentó que es imprescindible contar con los mejores elementos para poder brindar certeza a la ciudadanía.
Tlaxcala expresó que esta legislación debe salir a la brevedad a efecto de establecer claramente los procedimientos y los protocolos que deben cumplir las Fuerzas Armadas para respaldar las tareas de seguridad pública.
Aseguró que no es correcta la afirmación de que las Fuerzas Armadas, a partir de esta ley, van a estar cotidianamente en las calles.
El presidente de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero Arroyo, destacó la labor del Senado por llevar a cabo un ejercicio democrático en el que se escucha a todos los actores antes de dictaminar una ley. “Hemos hecho las cosas con mucha responsabilidad y me da mucho gusto que sigamos en esa lógica”.
Señaló que esta reunión reviste la mayor relevancia, en la que se encuentran, dijo, los actores centrales de esta ley, los gobiernos locales, que enfrentan amenazas a la seguridad interior en cada uno de sus estados y donde las familias están siendo amedrentadas por la delincuencia organizada, “qué mejor que escuchar su opinión antes de que dictaminemos”.
Celebro el liderazgo de los presidentes de las comisiones correspondientes, de la senadora Cristina Díaz y del senador Fernando Torres Graciano, para llevar a buen término esta discusión y sobre todo que podamos dictaminar lo mejor para el país, concluyó.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política, Ana Lilia Herrera Anzaldo, dijo que el poder Legislativo tiene la responsabilidad de dar vida a un marco normativo que dote de certidumbre tanto a ciudadanos como al Estado, respecto de su actuación ante las distintas amenazas a la seguridad.
“La seguridad interior es una responsabilidad que compete a todo el Estado Mexicano y es nuestro deber, desde nuestras respectivas atribuciones, trabajar sin descanso para preservar la gobernabilidad y la tranquilidad de la sociedad”.
Nuestras Fuerzas Armadas han sido piedra angular en la defensa de todos los mexicanos en la defensa de toda la sociedad, por lo que debemos reconocer su trabajo, dotarles de certeza jurídica en esta noble labor que realizan, para que actúen bajo un esquema bien delimitado, que sea conocido por todas y por todos.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz Salazar, aseguró que la Ley de Seguridad Interior no se centra en el detalle, sino que remite a otros marcos jurídicos donde, ya se encuentran previstas sus consideraciones y, asimismo, la supletoriedad que es aplicable.
Precisó que la Ley regula la función del Estado Mexicano, para atender los riesgos y amenazas y observa los principios de racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiariedad y gradualidad, así como las obligaciones relativas al uso legítimo de la fuerza.