En el dictamen aprobado por los integrantes de las comisiones unidas de Gobernación, Estudios Legislativos, Marina y Defensa Nacional –entre ellos, algunos panistas-, se asentaron cambios como protocolos y mecanismos de temporalidad y gradualidad en el uso de la fuerza, los cuales, a juicio del senador Benjamín Robles Montoya, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, son insuficientes; no generan ningún tipo de control adicional y extraordinario de supervisión en materia de derechos humanos; sólo sirven para cubrir la inconstitucionalidad de la Ley; fomentan la opacidad y no cumplen con las expectativas de organismos internacionales ni de especialistas.
Con esta ley, dijo, se busca encubrir el fracaso de una estrategia de seguridad; se pretende regresar al país a un presidencialismo autoritario con facultades metaconstitucionales sin garantías para la paz, la seguridad ciudadana ni para la certeza jurídica. Además, advirtieron, con esta legislación “se reconoce la rendición del Estado frente a la crisis de inseguridad”. 

La senadora Dolores Padierna hizo notar que “la respuesta de quienes están empeñados en aprobar esta ley ha sido simplemente ignorar a los expertos y a las organizaciones civiles. Algunos legisladores han llegado a decir que las críticas vienen de la desinformación y de lecturas sesgadas de la ley.
“De ser así –continuó-, entre los desinformados y sesgados estaríamos nosotros mismos, pero también estaría la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ha manifestado abiertamente sus objeciones, así como los relatores sobre libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quienes, en reciente visita a nuestro país, expresaron que “está comprobado a nivel internacional que cuando las fuerzas armadas toman las funciones de seguridad pública la tendencia es un aumento en las violaciones a los derechos humanos.”
Para los senadores que votaron a favor, en cambio, la nueva ley no implica la militarización del país, sino el fortalecimiento de las acciones del gobierno con reglas claras para la sociedad y las fuerzas armadas, para que no sean utilizadas de forma “caprichosa” por los gobiernos de los estados, y además refiere de forma clara el respeto a los derechos humanos.
Ante el marcado desencuentro, el senador Benjamín Robles Montoya propuso una moción suspensiva para continuar después la sesión de las cuatro comisiones dictaminadoras, de manera que se analizara con mayor detenimiento y hubiera tiempo para presentar argumentaciones de mayor solidez. Puesta a votación, la propuesta, empero, se desechó por 15 votos a favor y 8 en contra.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, senadora Cristina Díaz consideró urgente darle viabilidad al marco normativo, pues en la última década, dijo, el país ha atravesado por una crisis que rebasa el umbral de la seguridad pública y pone en riesgo la seguridad interior, como es la delincuencia organizada, generadora de delitos derivados del narcotráfico, entre otros.
Para el senador Fernando Torres Graciano, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, el debate ha sido amplio y, dijo, por muchos años se escucharon todas las opiniones y voces respecto a este delicado asunto. Negó que se haya dado un “procedimiento atropellado” o “fast track” para aprobar este proyecto.
El senador Ricardo Barroso Agramont, presidente de la Comisión de Marina, aseguró que las Fuerzas Armadas “no están regateando” el apoyo de los senadores, sino que han solicitado un marco jurídico para servir mejor a México; “no creo que estas intenciones sean para afectar a los mexicanos”, expresó.
El senador Fernando Torres Graciano informó que se presentarán propuestas de modificación para su discusión en el Pleno a los artículos 1, 7, 8, 9, 10, 16, 21 22, 26 y la adición de un transitorio del proyecto de decretó. En tanto, la senadora del PAN, Pilar Ortega Martínez anunció que se reservaba los artículos 4, 8, 9, 27, 33 y 34. (Rubén Vázquez Pérez)