Rubén Vázquez Pérez

Ciudad de México. El Presidente de la Mesa directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña dio la “más cordial bienvenida” a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, a quien expresó que tenerla ahí, de vista, sentada a su lado en el presídium de la antigua sede de la Cámara alta, constituyó, dijo, “un honor”.

Sin duda, formas inimaginables, ni siquiera en el más delirante de los escenarios de utopía política de hace apenas unas semanas, sucedieron más o menos al mediodía de este Martes en el salón de plenos de la antigua casona de Xicoténcatl; sus protagonistas: uno de los más radicales y combativos morenistas, Gerardo Fernández Noroña, y la no menos intransigente Norma Lucía Piña Hernández, en un tibio acercamiento, acaso preludio del diálogo y la reconciliación entre lo que el ex presidente López Obrador no se cansó de llamar el conservadurismo, representado por la ministra, y la 4T, en el primer escalón de éste, su segundo piso.

• Pretende pasar por encima del Ejecutivo, del Legislativo y del pueblo, advierte
• “Invade una esfera jurídica que no le compete”, acusa el Presidente del Senado

Ciudad de México. El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, calificó como “facciosa” la actitud de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por “tomar decisiones políticas disfrazadas de decisiones jurídicas”, y por dar entrada a un recurso “jurídicamente inexistente” que no posee ningún sustento legal en el marco constitucional.

En conferencia de prensa, el senador explicó que la SCJN pretende “atropellar al Constituyente Permanente” al haber aceptado, con una votación de ocho votos, revisar la constitucionalidad de esa enmienda, además de que no tiene ninguna facultad para hacerlo.

Solidaridad con damnificados guerrerense del huracán John y reuniones con parlamentarios extranjeros…

Senado se solidariza con damnificados del huracán “John”

La Cámara de Senadores guardó un minuto de silencio en memoria de las personas que fallecieron por el paso del huracán “John” en Guerrero, y se solidarizó con los habitantes de esa entidad por los daños materiales y pérdidas irreparables generadas por este fenómeno natural.

El presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, reconoció el trabajo entre los distintos niveles de gobierno para brindar ayuda inmediata a los damnificados y reducir así los riesgos para la población.

La coordinación, agregó, ha sido fundamental para enfrentar esta emergencia de manera eficaz; sin embargo, la solidaridad no debe limitarse a los esfuerzos gubernamentales y todos tenemos un papel crucial en este proceso de recuperación.

Por ello, el legislador hizo un llamado a la ciudadanía para unirse a esta causa y anunció que el Senado de la República instaló un centro de acopio de víveres, en el Jardín Luis Pasteur, para ayudar a los damnificados. 

“Necesitamos alimentos no perecederos, ropa en buen estado, productos de higiene personal y medicamentos. Cada aportación cuenta y puede marcar una gran diferencia en la vida de quienes lo han perdido todo”, señaló el legislador.

Ciudad de México. Esta vez no fue necesaria la aplanadora de la 4T y por primera ocasión la aguerrida oposición estuvo de acuerdo casi en todo para aprobar de manera unánime una reforma constitucional más: la que promueve la auténtica participación de las comunidades indígenas en decisiones que afectan sus territorios y recursos.

Así, con 128 votos a favor, el Senado de la República aprobó dicha reforma que modifica los términos del artículo 2 de la Constitución Política para fortalecer el derecho a la libre determinación de los pueblos originarios, lo que implica su capacidad de definir su propio destino, sus formas de gobierno, la administración de sus territorios y recursos naturales, y la preservación de sus culturas e idiomas.

Con este unánime dictamen del pleno senatorial, este derecho no es meramente simbólico, sino un instrumento para garantizar que las comunidades indígenas y afromexicanas puedan decidir sobre los asuntos que afectan sus vidas, sin la intervención paternalista del Estado.

De esta manera, en lugar de imponer soluciones externas, el Estado se convierte en un facilitador que respeta y promueve las decisiones y estructuras internas de este sector de la población.