Ciudad de México. Cerca estuvieron los senadores Alejandro Moreno Cárdenas y Gerardo Fernández Noroña de llegar a los golpes ante el pleno y ambos, casi como en una ceremonia boxística de pesaje, quedaron prácticamente nariz contra nariz; a gritos intercambiaron reclamos y mientras Alito, de pie, sacudía su índice frente al rostro de Noroña, éste, sentado, le advertía que no lo tocara.

Todo porque los del tricolor no reaccionaron a tiempo cuando se preguntó a la asamblea si se incluía en la agenda del día el tema de la inimpugnabilidad de las reformas o adiciones a la Constitución General de la República, un trámite que la secretaria de la Mesa Directiva, Verónica Noemí Camino Farjat, cumplió de manera algo más que expedita.

Cuando la legisladora comunicó que la asamblea había decidido incluir el tema, comenzó a gestarse la inconformidad y el malhumor de los priístas. Y luego de que se hizo la declaratoria de aprobación de la reforma que considera improcedente toda controversia constitucional; acción de inconstitucionalidad o juicios de amparo contra modificaciones la Constitución, se desató el sainete.

Moreno Cárdenas dejó su curul y a paso firme se dirigió a la Mesa directiva, a unos centímetros del Presidente de ésta, Fernández Noroña, para reclamarle que no les hubiera dado la palabra a los del PRI; el petista le explicaba que no podía hacerlo porque se había iniciado el proceso para incluir el mencionado tema en la agenda de discusiones.

Ciudad de México. Senadoras y senadores de la República analizan en el pleno el dictamen que reforma los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de asegurar un esquema de apoyos para el bienestar de la población en condición de vulnerabilidad.

La presidenta de la Comisión de Bienestar, Andrea Chávez Treviño, dijo que es fundamental elevar a rango constitucional los programas sociales, para que sean derechos inalterables, inalienables e inobjetables.

Se trata, agregó, de una de las reformas constitucionales “más nobles” que se hayan tratado en la historia del Congreso, porque “versa sobre el corazón del Estado”.

La legisladora enfatizó que, de esta forma se garantiza que los programas sociales sean universales, ya que pasan a constituir un derecho para todas y todos los mexicanos, sin importar “por qué partido se vote o si las personas apoyan a determinado perfil político”.

Por su parte, Enrique Inzunza Cázarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, consideró que la enmienda “representa un paso gigantesco” para definir el tipo de Estado que se busca en México: uno donde los derechos de las personas, especialmente de aquellas que sufren de carencias, por fin sean reivindicados al incluirlos en la Carta Magna.

“Estamos en la ruta de revertir 36 años de la noche oscura del neoliberalismo; esta reforma revierte las políticas excluyentes y consolida un Estado que hace de la política social, el espacio para garantizar los derechos de todas y de todos”, agregó.

Ciudad de México. El presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, notificó al pleno del Senado que se recibieron las declinaciones y renuncias de ocho de los 11 ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mismas que se harán efectivas a partir del último día de agosto de 2025.

Fernández Noroña especificó que las renuncias son de la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández; de la ministra Margarita Ríos Farjat, así como de los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, agradeció a Fernández Noroña comunicar las renuncias de las y los ministros, y le pidió no entrar en debate sobre el tema, toda vez que en su momento se hará del conocimiento el contenido de las renuncias.

Por su parte, el senador Ricardo Anaya Cortés, del PAN, hizo un llamado respetuoso y enérgico para que se deje de “amenazar” con quitarles su haber de retiro o con no aceptarles su declinación a las ministras y ministros que decidieron renunciar, cuando está establecido en la Constitución, específicamente, en dos artículos transitorios aprobados por la mayoría.

“Es decir: fue la mayoría de este Senado la que aprobó los artículos transitorios. Entonces, es francamente un sin sentido o una trampa el estar amenazando a las ministras y ministros -cuando estamos en la víspera de que resuelvan acciones de inconstitucionalidad-, con no aceptarles su renuncia, cuando ustedes mismos establecieron el artículo 7º transitorio la obligación de renunciar para acceder a lo que por ley les corresponde”, dijo el panista.

Ciudad de México. El Pleno del Senado de la República exhortó a la Fiscalía del Estado de Querétaro a que detenga la acción penal en contra de Esmeralda “N”, menor de edad quien, además de ser víctima de violación, ha sido revictimizada por este proceso.

Ese llamado deriva de un punto de acuerdo de urgente resolución promovido por la senadora Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, de Morena, en el que expone que la fiscalía queretana solicitó una pena de tres años de cárcel para Esmeralda “N” por abortar espontáneamente luego de haber sido violada por un familiar.

En el documento, la legisladora hizo notar que la dependencia estatal, además, pidió una indemnización de más de 500 mil pesos al “padre del producto”.

La Cámara de Senadores pidió a la Fiscalía del Estado de Querétaro que, de continuar con las investigaciones, se realicen al amparo de los principios rectores de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a los tratados internacionales de defensa de los derechos de las mujeres.

Por otra parte, esta soberanía exhortó al Congreso del Estado de Querétaro a que inicie un juicio de procedencia para destituir del cargo al fiscal general de la entidad.