Dichas sanciones incluyen, por cierto, el resarcimiento del daño provocado, tanto si se trata de pérdida de vidas humanas o de destrucción de edificios e infraestructura. E incluyen también la expulsión de la ONU del Estado agresor.

Las acciones perpetradas por militares sujetos a las órdenes del Presidente estadunidense claramente incluyen delitos como: asesinatos de militares y de civiles venezolanos, así como de 32 combatientes cubanos; violación a la soberanía venezolana y el secuestro de un Presidente y la esposa de éste. Todo en flagrancia, todo a la vista de todo el mundo.

Si se tratara de hechos entre particulares, bien podríamos hablar del asalto a una familia, perpetrado en su casa, a mano armado así como de la privación ilegal de la libertad e incomunicación de los jefes de ese hogar.

Todos serían delitos graves, ameritarían una investigación, la localización de los responsables, su detención y su enjuiciamiento el cual, sin duda, tendría que culminar con una severa sentencia, una sanción económica y la reparación del daño ocasionado.

Pero en esta realidad que nos ha tocado presenciar, claramente, nada de eso es factible, bajo las condiciones actuales.

Empero, si se piensan las cosas con menos angustia y algo más de frialdad, habría que establecer lo siguiente: el golpe a Venezuela es, primero que nada, mediático, sobre todo por la personalidad del secuestrado, el Presidente Nicolás Maduro, una figura que en el ámbito internacional mucho incomodaba al mandatario estadunidense Donald Trump y a su estrategia de dominación y despojo.

Pero el golpe ha sido devastador no sólo en el ánimo de los venezolanos, sino de todos los pueblos y sus mandatarios que aspiran a alcanzar la autonomía plena; al desarrollo propio; al fin del sometimiento y la dependencia. Y, en suma, a decidir su propio destino y dejar atrás y para siempre el subdesarrollo.

Curiosamente si Venezuela y los demás Estados amenazados –que no son solamente latinoamericanos y caribeños-, son capaces de orquestar una contraofensiva diplomática, en demanda del respeto al derecho internacional y pueden al mismo tiempo desplegar una campaña de difusión por todos los medios posibles, para evidenciar a la administración Trump como lo que es: una banda de brutales asesinos y delincuentes, entonces habrán dado un golpe mediático de la misma intensidad y de la misma fuerza, pero de sentido contrario, a las aspiraciones expansionistas e imperiales de este nuevo modelo de sometimiento con el que el actual gobierno estadunidense pretende someter al mundo.

Se trataría de desenmascarar las verdaderas intenciones de la política trumpista; de desmentir uno por uno los puntos de su discurso amenazante con el que pretende justificar su impunidad y la violación a todo lo que huela a derecho internacional y, en síntesis, se trataría de dejar por los suelos todo posible sustento a las acciones atrabiliarias así como el prestigio de Trump y su banda delincuencial; sólo entonces tal vez fuera posible rescatar el respeto al estado de Derecho.

Si bien todo lo anterior corre el riesgo de ser visto como mero sueño guajiro, lo cierto es que los estados latinoamericanos y caribeños no tienen ninguna oportunidad de enfrentar militarmente a la maquinaria de guerra estadunidense.

Y en el remoto caso de que lo hicieran, contribuirían a un escalamiento del conflicto de su actual dimensión regional a una más amplia de carácter mundial.

Nadie en ese escenario ganaría.