Por ejemplo: integrantes de la Asociación Seres Libres enfrentan la desaparición de pruebas –documentales, de video y audio- y el extravío de expedientes completos, con los que sustentan acusaciones graves contra funcionarios del gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez, las cuales incluyen amenazas incluso de muerte.
Así, nadie sabe qué pasó con una denuncia por amenazas contra la vida de una activista de esta organización dedicada a la protección de los derechos de los animales, formulada en Octubre último, un amago que incluye la integridad física de la hija de la activista, una pequeñita que apenas va a la escuela primaria.
A esa amenaza se agrega un documento oficial firmado por un Ministerio Público, en documentación membretada, en el que se “prohíbe” a la activista difundir acciones de maltrato animal que presuntamente habría cometido personal del gobierno mexiquense, algo que un juez consideró “acoso” contra una servidora pública, si bien pasó por alto que con esa resolución anulaba la libertad de expresión ciudadana, una de las garantías que consagra la Constitución General de la República.
En Octubre del año pasado, fue dejado a la entrada del domicilio de la activista, un ataúd infantil de cartón; encima de éste, una cruz de flores con su nombre, su foto y la de su pequeña hija y lo escalofriante: un texto que decía: “Ya déjate de mamadas o la mat*#*”.
De esos hechos ocurridos en el municipio de Los Reyes-La Paz, no sólo dieron cuenta los vecinos de la activista, sino que también existe constancia video grabada.
Pero todo ello fue apenas el preámbulo. Al día siguiente, la familia de la activista recibió un oficio con carácter de extra urgente, por parte de la Fiscalía del Estado de México.
Se trataba de la mencionada denuncia contra la activista de la Asociación Seres Libres, interpuesta por Alma Diana Tapia Maya, quien la acusa de acecho, sólo por difundir en redes sociales que esta persona –Alma Diana- es la responsable del maltrato e incluso la desaparición de los animales.
Alma Diana Tapia Maya es directora de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna del gobierno del Estado de México, según consta en la página de internet del gobierno del Estado de México.
Y es que todo comenzó porque personal de esa dependencia del gobierno mexiquense llevó a cabo un desalojo de decenas de perros de un albergue en el que supuestamente eran maltratados.
Del caso no sólo se ocupó Tapia Maya: varias organizaciones civiles que se dedican a la defensa de animales, también acudieron al mencionado desalojo y ofrecieron colaborar.
Empero, la funcionaria rechazó la oferta de estas organizaciones para que se encargaran del cuidado de los canes, lo que incluía colocarlos en distintos hogares para su adopción.
Los perritos fueron llevados pero nadie de esa dependencia –Tapia Maya tampoco-, contestó la pregunta sobre el destino que se daría a los mamíferos; tampoco quiso decir de cuántos animales se trataba, ni en qué condiciones los tendrían, de manera que la suspicacia fue inevitable.
Hasta el momento nada se sabe de los animales, pero menos de la denuncia que la activista interpuso por los hechos relatados de los que fue víctima; se sabe, en cambio, que la chica vive en medio del terror porque ahora tiene la certeza de que a ella y a su hija, las conocen; saben dónde viven, los lugares que frecuenta y las personas con las que se reúne. Y tiene la certeza de que monitorean su actividad en redes sociales.
Es claro que la activista está siendo objeto de vigilancia por parte de un grupo de personas, desde adentro del gobierno del Estado de México, quienes usan la eficaz infraestructura tecnológica de que disponen y todos los medios que tienen a su alcance –que no son pocos- para ubicarla en todo momento.
¿Lo sabrá la maestra Defina?

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