Ciudad de México. De la necedad a la negación y de la autocomplacencia a la sumisión, el debate entre legisladores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dejó en claro que si algo parece lejano, muy lejano en la política mexicana, es la reconciliación.

Y si bien es cierto que la mayoría es aplastante, avasalladora y obsequiosa ante el femenino poder Ejecutivo federal, también es evidente que la oposición no consigue convertirse en alternativa: no va más allá de la descalificación, la negación, la exageración y la mentira.

Al abordar el informe de los primeros 100 días de este gobierno que ha dado en llamarse el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, menudearon las alabanzas de morenistas y aliados, pero también las acusaciones de crisis que nunca estallaron y desgobiernos imaginarios profundamente enraizados en las mentes enfebrecidas de panistas, priístas y legisladores naranjas.

Ciudad de México. La diputada Nora Yessica Merino Escamilla (PT) propuso reformar los artículos 6° y 29, y adicionar el artículo 9 Bis a la Ley de Migración, a fin de implementar disposiciones específicas que garanticen la protección integral de menores migrantes no acompañados en territorio nacional, mediante la creación de servicios y protocolos que aseguren su bienestar, desarrollo físico y emocional.

Mediante una iniciativa, turnada a la Comisión de Asuntos Migratorios, plantea establecer en el artículo 6° que los menores migrantes no acompañados tendrán derecho a recibir asistencia integral en salud, apoyo psicológico y acceso a educación durante su estancia en territorio nacional, proporcionada en albergues que cumplan con los estándares de protección señalados en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Ciudad de México. Las bancadas del Partido Acción Nacional presentaron un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la Comisión Permanente apruebe la realización de un ejercicio de parlamento abierto para analizar la minuta del Senado con proyecto de decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley Federal del Trabajo, en materia de vivienda con orientación social.

Luego de instalar la Comisión Permanente en el Congreso, el diputado Agustín Rodríguez Torres, consideró inaceptable e inadmisible que el gobierno pretenda que se apruebe el manejo discrecional, sin controles, contrapesos o garantías de 2 billones 400 mil millones de pesos, de ahorros de los trabajadores del Infonavit.

En conferencia de prensa, lamentó que a Morena ya se le está haciendo costumbre aprobar reformas con su “mayoría artificial e ilegal” y ni siquiera se toman la molestia los funcionarios de dar explicación a los legisladores, por lo que solicitó que Octavio Romero Oropeza, titular de Infonavit, dé cuentas porque el Congreso merece ser tratado con todo respeto.

Ciudad de México. El Instituto Nacional Electoral (INE) entregó al Senado de la República las constancias de mayoría relativa y de primera minoría que acreditan a las y los senadores electos que conformarán las LXVI y LXVII Legislaturas del Congreso de la Unión.

En representación de la Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, la Consejera Norma De la Cruz Magaña aseguró que los cómputos distritales y por entidad federativa son una pieza clave en el engranaje electoral. “Su función no es simplemente la de contar votos, sino la de generar los resultados oficiales de las elecciones celebradas el pasado 2 de junio”.

Para la elección de las senadurías, detalló, se realizó el recuento de 124 mil 175 paquetes electorales y el cómputo de 171 mil 794 actas, con lo que se validaron los resultados de cada una de las Mesas Directivas de Casilla instaladas en todo el territorio nacional, “lo que también debe brindar certeza de que la voluntad de la ciudadanía se respetó en cada rincón del país”.

En este sentido, Norma De la Cruz subrayó que la entrega de constancias al Senado de la República representa no sólo el cumplimiento del mandato que dispone la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), sino que simboliza el reconocimiento y la validación de la voluntad ciudadana expresada a través del voto.